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BAJA CALIFORNIA  
 

Baja California: pugna de poder del crimen organizado

Julieta Martínez / Antonio Heras

En lo que va del año, los llamados “ajustes de cuentas” entre integrantes del crimen organizado han cobrado la vida de por lo menos 64 personas. En siete meses Baja California registró 300 asesinatos violentos. Tan sólo de enero a julio la cifra alcanzó los 235 crímenes en Tijuana, de los cuales 64 son producto del crimen organizado de acuerdo a las investigaciones de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado (UECO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

 

 

 


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Las rencillas no son privativas de los grupos de la delincuencia organizada que han hecho de la entidad su nicho de mercado, sino también de las propias autoridades, de directivos de las diversas corporaciones policíacas y dirigentes de organismos no gubernamentales.

El debate se encuentra en los índices y niveles de inseguridad en esta frontera. Hay quien afirma que la delincuencia se ha reducido de forma palpable y otros sostienen que esta frontera es una de las zonas más violentas del país. También resurgieron acusaciones sobre corrupción y pactos policíacos con criminales y la discrepancia estadística de asesinatos, secuestros, robos y asaltos.

 

Las cifras

 

En abril pasado la violencia encontró niveles alarmantes cuando se reportaron cerca de 60 asesinatos violentos, la mayoría ejecuciones. Para el mes siguiente, mayo, se redujeron drásticamente a sólo cinco casos.

Coincidencia o no, la administración de Jorge Hank anunció a fines de abril que se acabarían las ejecuciones y, aun más, que se daría de baja a los jefes policíacos en cuyo sector se localizara algún cadáver.

El director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Arturo Ranfla, sostiene que de acuerdo con los índices de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la entidad tiene una alta proporción de incidentes violentos.

Esta situación es efecto, dice, de la actividad del crimen organizado que genera variables demográficas con un patrón de violencia asociada a la lucha por el poder de los grupos de la delincuencia. Para el investigador de la UABC lo que se vive en la entidad es “un conflicto de poder del crimen organizado que aún no afecta el tejido urbano”.

El debate se mantiene y adquiere nuevos derroteros cuando activistas como Víctor Clark Alfaro, dirigente del Frente Binacional para la Defensa de los Derechos Humanos, advierte un pacto entre las autoridades y los delincuentes.

El propio Vicente Fox recula y señala a Tijuana como una de las ciudades más violentas, al lado de la ciudad de México; mientras que el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Ernesto Santillana, descalifica las acusaciones y dice tener pruebas sobre la reducción de los índices de inseguridad en esta ciudad.

El conflicto ha llegado a tal grado que se han registrado enfrentamientos verbales entre agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y escoltas del alcalde Hank Rhon, como aquél cuando los municipales se niegan a obedecer una orden de alto que les hacen los oficiales.

Hank Rhon continuó su trayecto hasta las instalaciones del Hipódromo Caliente al tiempo que los escoltas lograron llegar hasta el estacionamiento seguidos por los agentes estatales. Fue necesaria la intervención del jefe policiaco Rigoberto Rodríguez para explicar que se trataba de guardias personales del alcalde, quien a su vez minimizó el incidente y lo atribuyó a la preocupación de las autoridades estatales por la seguridad de los escoltas.

Así las cosas, la discusión empaña el anuncio de la Secretaría de Desarrollo Social de instalar dos Observatorios de la Violencia en Baja California. Tijuana y Mexicali serán las sedes de estos esfuerzos gubernamentales que buscan unificar y compartir información real sobre los índices de inseguridad.

 

Debate y opinión pública

 

El debate oscila entre un tema y otro. Lo determina la opinión pública o los intereses de los grupos de poder que definen la agenda política. En tanto, la actividad delictiva sigue un curso perfectamente encauzado al alza, de esto tienen certeza quienes la padecen, quienes sufren del robo de sus pertenencias en asaltos callejeros o dentro de sus propios hogares.

El consumo de drogas es el principal motivo de este escenario, toda vez que la venta al menudeo crea pequeñas mafias, similares a las del crimen organizado, pero con influencia “doméstica”.

Los adictos necesitan sus dosis y tienen que recurrir al robo, al asalto y hasta al asesinato con tal de conseguir el dinero necesario para su compra. Es entonces cuando la población sufre esta realidad en carne propia.

En julio el presidente Vicente Fox dio a conocer que Tijuana y el Distrito Federal son las ciudades más violentas del país. Quizá no le importó o no se acordó de la declaración que hizo en esta frontera en 2004 al inaugurar la exposición “Tijuana, la tercera nación” en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), cuando calificó a esta ciudad como una de las más seguras del país en cuyas calles se podía caminar libremente sin temor a ser asaltados.

La pregunta es si en los meses que pasaron entre una declaración y otra la situación cambió, o el arribo de una administración municipal de un partido diferente al suyo (Acción Nacional) influyó en esas aseveraciones, o si en realidad Fox no está enterado de la situación.

Ante este nuevo y “alarmante” escenario planteado por el presidente de la República, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, se mantuvo inerme y no respondió a las declaraciones.

En una conferencia de prensa en la que estaba presente el secretario federal de Turismo, Rodolfo Elizondo, le dio la vuelta al tema al afirmar que tendría que conocer el contexto del dicho de Fox. Su actitud fue muy diferente a la que ha asumido cuando se le cuestiona sobre declaraciones de funcionarios o personajes de filiación no panista. En esa ocasión incluso bajó la voz para responder al cuestionamiento de la prensa.

 

De pactos y enredos

 

El director del Centro Binacional de los Derechos Humanos (CBDH), Víctor Clark Alfaro, atribuye la drástica disminución de homicidios que se registró durante mayo, junio y lo que va de julio, a un acuerdo entre agentes corruptos e integrantes del crimen organizado para evitar más escándalos por la inseguridad.

Advierte que si las autoridades no controlan la situación, se corre el riesgo de que la delincuencia aproveche la coyuntura de la temporada electoral, que es cuando se registra un vacío de poder, para reposicionarse en esta frontera. “Se espera un periodo de turbulencia”, alerta.

De hecho, Clark Alfaro revela sus sospechas de que se haya celebrado un pacto entre delincuentes y “malos” policías, pues de lo contrario no podría explicarse el aparente cese de crímenes que se registró entre mayo y junio pasados, después de que en abril de este mismo año la entidad rompió récord en el número de asesinatos violentos al llegar a 57, señala, aunque admite que no cuenta con pruebas de ello.

Si es así, el riesgo es que cuando termine la tregua la situación empeore y que esto se dé durante el periodo electoral de 2006, cuando se registre el clásico vacío de poder porque todos estarán más interesados en el tema político que en la seguridad, vaticina el director del CBDH.

El temor del activista nace de la permanencia del crimen organizado en la zona, pues ni los operativos ni detenciones de algunos de sus integrantes han logrado socavar la estructura que ha tocado todos los niveles de la sociedad, es decir que hay desde policías coludidos con los delincuentes, hasta políticos, funcionarios y empresarios.

El estudioso de fenómenos sociales califica como “un rotundo fracaso” el Operativo México Seguro, pues uno de los objetivos era depurar las corporaciones policíacas, sin embargo hasta el momento no se ha sabido ni siquiera de sanciones contra ningún agente.

También advierte que el narcomenudeo (o circulación de droga en pequeñas cantidades) sigue en ascenso. Una prueba será la apertura de una farmacia en pleno centro de la ciudad, a pesar de la moratoria que hay desde la administración pasada. La relación entre un asunto y otro es que los laboratorios de drogas se “surten” en dichos establecimientos, asegura el antropólogo. “Esto es lo que me han dicho los mismos traficantes”, asegura.

La única consideración es que tienen que pagar hasta cuatro o cinco veces más por la mercancía, que no son más que medicamentos controlados (sólo adquiribles con receta médica), con los que elaboran el crack, el ice y el cristal, entre otros.

“El narcomenudeo sigue, genera ganancias millonarias y esto lo sabe la policía”, afirmó al cuestionar la supuesta batida que han organizado las autoridades policíacas. De esto puede hablar la población, que es la que sufre la delincuencia, aseveró.

 

No más ejecuciones

 

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ernesto Santillana Santillana, rechaza las declaraciones de Fox y sostiene que cuenta con estadísticas que prueban la reducción de la inseguridad. Tanta confianza tiene el funcionario municipal de las acciones que coordina, que dice estar “casi seguro” de que no se darán más ejecuciones de personas en su jurisdicción, esto porque la policía está haciendo bien su trabajo “ahora sí”.

No obstante amenaza con seguir removiendo a los jefes policíacos en cuyas jurisdicciones se registren ejecuciones o “levantones”, y de hecho hay casos en que hasta en dos ocasiones ha hecho los cambios.

Santillana confía tanto en la efectividad de sus estrategias como en el incremento de equipo y elementos, así como la creación de nuevos grupos de reacción inmediata para la atención de casos especiales.

Para el director estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Francisco Castro Trenti, es falso que se viva en la entidad una situación grave o riesgosa.

El funcionario afirma que los índices de homicidios y robos son “normales” pero no en la magnitud que se pretende establecer. Incluso señala que en 2005 se ha registrado un descenso de homicidios dolosos de un 15 por ciento con relación al 2004.

Al continuar con la numeralia, Castro Trenti comenta que se incrementó de un 20 a un 60 por ciento el esclarecimiento de homicidios, sin contar con el crecimiento poblacional que se registra anualmente. Tijuana y Mexicali no son ciudades inseguras, concluye.

 

Recuento mortal

A partir de datos “duros”, el Servicio Médico Forense establece algunos indicadores sobre los niveles de violencia en la entidad, en particular de Mexicali. En coordinación con la UABC se realiza una base de datos en los que se puede señalar que en el periodo de 1999 a 2004 el mayor porcentaje de muertos se registra en varones, con un rango de edad entre los 30 y 34 años y se reporta en la zona urbana.

En estos cinco años, en la capital de Baja California se contabilizan 3 mil 529 muertes. Paradójicamente el 33 por ciento tiene su origen en incidentes de tránsito y un 18 por ciento en accidentes de otros tipos.

En este tiempo, el segundo sitio lo ocupan los homicidios que reportan el 27 por ciento del universo total, al registrar 975 casos. Le siguen las sobredosis y el suicidio (13 y 7 por ciento, respectivamente).

En cuanto al 2005, el director del SEMEFO, Francisco Acuña, comenta que en los siete anfiteatros que hay en la entidad se han atendido a 2 mil 218 cuerpos, de los cuales mil 250 son producto de homicidios violentos, hasta el 21 de julio.

De este total, 620 muertes violentas corresponden a Tijuana, 271 a Mexicali, 21 al puerto de San Felipe, 199 a Ensenada, 62 a Tecate, 21 a San Quintín y 56 a Playas de Rosarito.

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ubica a Baja California en un duodécimo lugar en cuanto a los índices de muertes violentas, la realidad es que el estado 29 bien podría encontrarse en el quinto sitio.

 

Publicado en: Agosto 2005



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