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BAJA CALIFORNIA  
 

Contralor desacredita fiscalización federal

Julieta Martínez

José Cervantes Govea descalifica el trabajo de la ASF y sostiene que la administración de Eugenio Elorduy está absuelta de los presuntos daños patrimoniales por más de 240 millones de pesos que se le imputan

 

 

 


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En su más reciente informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2003, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el gobierno de Baja California incurrió en presuntos daños patrimoniales en contra de la hacienda pública, por más de 240 millones de pesos.

A pesar de la gravedad de los señalamientos hechos por el máximo órgano de vigilancia de México, el contralor general del estado, José Cervantes Govea, no sólo rechaza el contenido del informe sino que descalifica el reportaje de la revista Contralínea en su edición de julio, que denuncia el gasto indebido de los recursos federales correspondientes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF).

“Desmiento categóricamente que lo que se señaló es cierto; lo que se escribió fue aventurado”, asevera el funcionario y añade que las observaciones que hizo ese órgano federal sobre el ejercicio fiscal 2003 quedaron “debidamente” solventadas, luego de que cada punto se explicó y justificó a detalle.

De acuerdo con el mensaje del auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, que fue dirigido a la Cámara de Diputados, “las dos mil 638 observaciones reportadas fueron hechas del conocimiento de los entes sujetos a fiscalización en diferentes reuniones de preconfronta y confronta, las que al no haber sido aclaradas por los mismos, pasaron a formar parte del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2003”.

No obstante, el contralor de Baja California afirma que las consideraciones sobre una respuesta tardía por parte del estado también se subsanaron, pues cuando la ASF envió un recordatorio al gobernador Eugenio Elorduy sobre el vencimiento del plazo para recibir una respuesta, ésta ya se había enviado.

“Lo que ocurrió es que se cruzó la información entre el ínter de que nosotros despachamos la información y ellos (la ASF) enviaron una comunicación al gobernador, recordándole la situación”, explica e insiste que todo quedó solventado.

La respuesta del gobierno estatal sobre los señalamientos debía entregarse el 4 de junio a más tardar, pero llegó unos cuatro días después a pesar de que la obligación se cubrió el día 2, detalla el funcionario y dice: “la verdad no sé de dónde obtuvieron esa información, pero quien la haya proveído tan aventuradamente al decir que el estado desvió, se me hace que es irresponsable, es estar abonando al desprestigio de nuestro gobierno que francamente amerita ser reconocido en sus aciertos, aunque se señalen errores”.

El informe de la ASF es un documento público que puede ser consultado en el portal electrónico del órgano superior de vigilancia. Para el caso de Baja California, el documento establece los resultados de la auditoría a los ramos presupuestales 33 y 39 y en él se da cuenta de los perjuicios al erario.

En los pasillos del Congreso estatal trascendió que el titular del Órgano Superior de Fiscalización, Víctor Adán López Camacho, envió un oficio a la ASF para explicarle que la cuenta pública 2003 se encontraba en proceso de revisión, por lo que en un plazo perentorio se entregaría la información a la ASF sobre el seguimiento de ese ejercicio presupuestal.

 

Irregularidades en Issstecali

 

Cervantes Govea cuestiona que no se le consultara con antelación sobre el contenido del documento que se refiere al gobierno estatal –también hay observaciones a las cuentas de Tijuana, Mexicali y Ensenada– porque habría podido dar una explicación similar a la que envió a la ASF, y demostrar que las observaciones no significan que se haya actuado fuera de la ley o que el asunto no estuviera solventado.

El informe señala que Baja California cubrió “indebidamente” un adeudo por 122 millones 238 mil pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con recursos del PAFEF, y desvió 100 millones para el fondo de pensiones del Issstecali, sin entregar una explicación sobre este trámite y su impacto a las finanzas.

Los otros gastos son menos cuantiosos, pero también irregulares, y totalizan daños patrimoniales por más 240 millones de pesos. Al respecto, el contralor bajacaliforniano detalla que de acuerdo con el artículo 138 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), la administración de Elorduy está facultada para hacer uso de los recursos del PAFEF.

“En cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaran para cubrir con las obligaciones a su cargo, establecidas por esta ley, el déficit que hubiere será cubierto por el estado y organismos incorporados en la proporción a que a cada un corresponde”, señala el documento, con base en éste es que se tomó la determinación de cubrir una necesidad, dice el funcionario.

Agrega que “está previsto que los recursos del PAFEF son para fortalecimiento de estados. Está previsto que se destinen cantidades de esos recursos precisamente para sanear o proveer la cuestión de las pensiones para los trabajadores del estado”.

Insistió, “se agarró esa lana y se le puso al instituto, no hay ningún desvío sino por el contrario, creo que el estado está respondiendo a una obligación que tiene de darle prevención social a los trabajadores del estado, aunque éstas, como ya sabemos, sean superiores a las proyecciones que tienen los trabajadores.

La otra partida, la de Hacienda, es la que el estado usó para pagarle a la federación, para saneamiento financiero; es un monto de 100 millones de pesos que se usaron para pagarle a la federación un dinero que pidió anticipado a cuenta de participaciones, indica el funcionario.

En este caso también el PAFEF determina el uso porque “no podemos agarrar 100 millones de un fondo y por nuestro arbitrio decir ponlo acá, o allá o más allá”, hay reglas de operación que dan facultades al estado para que los destine a donde se requiere “y nosotros los ponemos donde apremia”, señala. El gasto de los demás recursos también quedó perfectamente sustentado, por las instancias correspondientes, asegura el contralor.

 

Transparencia, cuestión de actitud

 

Para el titular de la Contraloría General, la administración pública de Baja California vive una nueva etapa en su administración en la que hay más transparencia, producto de una nueva actitud de los servidores, que en su mayoría cumplen, pero también resultado de un marco legal que no había.

En el 2003, el Congreso aprobó una ley de adquisiciones que las administraciones públicas están obligadas a cumplir y que el estado cubre en aras de que haya controles y registros, a fin de que cada vez que haya alternancia en el poder, se entreguen cuentas claras.

Cervantes Govea admite lo anterior al explicar que “el PAN no llegó a enquistarse en el poder como lo hizo el PRI con 70 años de fraudes electorales”, por lo que no descartó que Baja California pueda quedar en manos de cualquier otro partido, como ya ocurrió.

También hay una Ley de Responsabilidades reformulada para que responda a las necesidades actuales y obligue a los servidores públicos a estar en el marco de la legalidad. “Las declaraciones patrimoniales son prueba de ello”.

Así, en Baja California se supervisa y fiscaliza la ejecución del gasto público, a diferencia de la Auditoría Superior de Fiscalización que revisa las cuentas “a toro pasado. Aquí lo que hacemos es verificar muy estrechamente las obras durante su ejecución, antes en la licitación y luego al término, eso es transparentar y fiscalizar”, sostiene Cervantes Govea.

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados facultado legalmente para la revisión y fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y se ha convertido por mandato constitucional en parte fundamental del sistema nacional de rendición de cuentas.

“De aquí a dos años, cuando se termine el sexenio, todos vamos a rendir buenas cuentas, el gobernador está preocupado en el más mínimo detalle, no vamos a dar paso atrás ni vamos a andar viendo de qué color es la persona que cometió una falta”, dice.

Y amenaza “si hay una falta no vamos a sancionar colores, vamos a sancionar acciones de los servidores públicos”.

Hasta ahora, el Congreso local desconocía el contenido del informe, por lo que la reportera tuvo que proporcionar copia a los legisladores quienes requirieron “tiempo” para poder enterarse y dar respuesta. Sin embargo hasta el cierre de esta edición no se concretó la entrevista con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Raúl López Moreno.

 

Publicado en: Agosto 2005



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