SuscripcionesContactoPublicidad Directorio Hemeroteca Mapa de sitio
BAJA CALIFORNIA  
 

Daño patrimonial en el Palacio de la Justica

Nancy Flores

La Auditoría Superior de la Federación descubrió irregularidades por 178 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal; de los cuales confirman que hay un presunto daño patrimonial por más de 13 millones de pesos

 


Publicidad

Responsable de administrar, vigilar y disciplinar al Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal que preside el ministro Mariano Azuela Güitrón incurrió, según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en presuntas irregularidades por más de 178 millones de pesos, de los cuales hay un presunto daño patrimonial por más de 13 millones.

El supuesto perjuicio en contra de la hacienda pública ocurrió en el ejercicio fiscal 2003, por lo que todavía falta auditar 2004 y 2005, y se refiere a irregularidades descubiertas durante la construcción y remodelación de los palacios de justicia federal de Mexicali, Baja California; San Lázaro, Distrito Federal, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sin vigilancia alguna que regule su actuación y el gasto público que éjerce, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó estas obras con recursos del capítulo 6000, en el rubro correspondiente a “actividad institucional no asociada a proyectos”.

En el Palacio de Justicia de Mexicali el supuesto daño patrimonial ascendió a 5 millones 922 mil pesos; en el de San Lázaro a 3 millones 929 mil pesos, y en el de Tuxtla Gutiérrez a 3 millones 685 mil pesos. 

La lista de anomalías detectadas incluye la omisión del soporte documental de pagos realizados, obra pagada y no ejecutada, diferencia de volúmenes de obra pagados contra lo realmente ejecutado, duplicidad de pagos, anticipos otorgados fuera de norma, trabajos pagados que no cumplen con las especificaciones de construcción y pago anticipado sin haberse concluido los trabajos, entre otros.

De no solventarse debidamente las 96 observaciones que hizo la ASF, los daños económicos al erario público serían de 178 millones 619 mil pesos, señala el informe de ese órgano de vigilancia del Congreso, el cual precisa que este monto no necesariamente implica perjuicios a las finanzas públicas, pues todavía está sujeto a las aclaraciones que efectúe el CJF.

 

Daño patrimonial al CJF

 

Ubicado en en el centro de Mexicali, el palacio de justicia federal de Baja California entró en operaciones el 30 de noviembre de 2003, fecha en que fue formalmente entregado al Consejo de la Judicatura. Actualmente despacha en ese recinto Víctor Manuel Vázquez Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, elaborado por la ASF, durante la construcción del edificio el CJF incurrió en un supuesto daño patrimonial por más de 5 millones de pesos, mismos que no han sido resarcidos a la hacienda pública.

Las irregularidades iniciaron desde que se signó el contrato número CJF/SEA/DGIM/LP/05/2000, pues según la ASF la institución no contó con los estudios de preinversión que se requerían para sustentar la factibilidad técnica, económica y ecológica de la obra, lo que provocó que el monto original del convenio, que ascendía a 264 millones 130 mil pesos, se incrementara un 90.3 por ciento, por lo que el Consejo de la Judicatura pagó un total de 443 millones 970 mil pesos.

Aunado a este aumento, el Consejo de la Judicatura que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, extendió el plazo establecido para el termino de la obra; y no obstante estas prórrogas que fijaron como fecha fatal el 15 de septiembre de 2003, el Palacio fue entregado hasta finales de noviembre de ese año.

Y aunque el Consejo de la Judicatura estaba obligado a cobrar a la empresa contratista penas convencionales por 2 millones 970 mil pesos, no lo hizo. Por esta irregularidad, la ASF emitió un pliego de observaciones en el que determina que la condonación por ese monto constituyó un daño patrimonial a las finanzas de la institución judicial.

Además, el máximo órgano de fiscalización revela que hasta el 8 de noviembre de 2004, fecha en que cerraron los trabajos de auditoría, el CJF había omitido presentar el finiquito de obra correspondiente, y que el atraso en la entrega de la documentación contraviene las bases del concurso de adjudicación establecidas por el propio CJF.

Otra irregularidad que causó un perjuicio patrimonial por un millón 381 mil pesos correspondió a los intereses generados por un financiamiento “indebido” de 43 millones 581 mil pesos, que tampoco cobró el Consejo de la Judicatura.

El informe señala: “Del análisis al primer convenio se observó que el CJF otorgó a la contratista un anticipo adicional del 15 por ciento del monto del contrato, debido a que la empresa argumentó que requería un financiamiento extra.”

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera improcedente dicho anticipo, por lo que se propició un financiamiento indebido que generó intereses por un millón 381 mil pesos, en infracción de las bases de concurso”.

La ASF considera que durante los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de Mexicali la dependencia cometió un tercer daño en contra de las finanzas públicas, pues el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del CJF efectuó un pago adicional “improcedente” de un millón 146 mil pesos, bajo el argumento de que incrementó el costo derivado del cambio de cuatro elevadores.

Los otros perjuicios patrimoniales fueron cometidos por la residencia de obra que autorizó pagos improcedentes por 130 mil pesos, 71 mil pesos y 156 mil pesos, por trabajos ejecutados de mala calidad y trabajos fuera del objeto del contrato. En total, señala la Auditoría Superior, los quebrantos suman 5 millones 922 mil pesos.

 

El Palacio de San Lázaro

 

Por un monto de 23 millones 832 mil pesos, el 12 de agosto de 2003 el Consejo de la Judicatura y la empresa Proyecto, Ejecución, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V. (PESA) signaron el contrato número CJF/SEA/DGIM/LP/04/2003 para la reelectrificación del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en el Distrito Federal.

En este caso la ASF, encabezada por el auditor Arturo González de Aragón, encontró que el Consejo de la Judicatura incurrió en un presumible daño a las arcas públicas por 3 millones 929 mil pesos, que equivale al 16.5 por ciento del presupuesto total asignado a dicha obra.

Entre las irregularidades detectadas por la entidad fiscalizadora sobresale el atraso en la ejecución, pues a pesar de que se pactó que el 8 de agosto de 2004 sería la fecha para entregar la obra, tres meses después, cuando los auditores de la ASF realizaron una visita, aún se encontraba inconclusa.

Para la Auditoría Superior, el CJF cometió un supuesto quebranto a las finanzas, pues la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento de esa institución evadió aplicar a la contratista una pena convencional derivada del incumplimiento por 2 millones 290 mil pesos. “Lo anterior, en razón de que el incumplimiento de dicha empresa deriva en una sanción mayor por 3 millones 247 mil pesos”, señala.

Otra anomalía se refiere a pagos en exceso a favor de la compañía PESA por trabajos no ejecutados por un millón 389 mil pesos. El Consejo de la Judicatura también es responsable de la autorización de otro pago improcedente por 231 mil pesos.

Ante estas anomalías, la Auditoría Superior emitió un pliego de observaciones en el que determina que “se presume un probable daño al patrimonio de la hacienda pública federal por 3 millones 929 mil pesos, por no hacer efectiva la garantía de sostenimiento debido a la entrega extemporánea de la fianza de cumplimiento, por trabajos que no corresponden a los especificados en el catálogo de concurso, por el pago de trabajos no ejecutados, por retenciones por incumplimiento de los programas mensuales y sanción por incumplimiento de la terminación de la obra”.

 

El Palacio de Chiapas

 

La última obra pública realizada por el Consejo de la Judicatura en la que se detectaron irregularidades corresponde a la construcción del Palacio de Justicia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuyo contrato (CJF/SEA/DGIM/LP/14/2002) tuvo un costo de 79 millones 667 mil pesos, y se asignó el 16 de octubre de 2002 a la empresa Ramal Constructora y Perforadora S.A. de C.V.

El informe de la ASF explica que las anomalías constituyeron un quebranto por 3 millones 685 mil pesos, y destaca un pago improcedente que ascendió a 2 millones 816 mil pesos a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF.

Esta erogación se debió al cambio de conceptos de catálogo de concurso de la cimentación, que el convenio establece que debía ser a base de losas, pero que se modificó a base de zapatas aisladas. La ASF advierte que la institución omitió estudiar la viabilidad de esta variación que aumentó el costo de la obra.

En el pliego de observaciones, la ASF da cuenta de que el perjuicio al patrimonio de la hacienda pública federal, por montos de 53 mil, 10 mil, 589 mil, 2 millones 816 mil y 214 mil pesos, se debieron a anomalías como “generación de intereses por la no amortización del anticipo, por no hacer efectiva la garantía de sostenimiento debido a la entrega extemporánea de la fianza de cumplimiento, por la incorrecta cuantificación de volúmenes de obra, pagos por trabajos de mala calidad, pago de conceptos extraordinarios sin el sustento del precio unitario y por no cumplir con los alcances de los trabajos”.

Del análisis de la ASF se desprende la obligación del Consejo de la Judicatura Federal de resarcir a las finanzas públicas, por lo menos, 13 millones 536 mil pesos.

En la oficina de prensa del Consejo de la Judicatura explicaron el 14 de julio que aún no respondían a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la información solicitada por Contralínea no era posible que la proporcionaran antes del cierre de esta edición, a pesar de que los recursos que fueron gastados con irregularidades ascienden a 170 millones de pesos.

Mexicali: Fortaleza infranqueable

Antonio Heras

El edificio del Poder Judicial de la Federación en Baja California se encuentra a un costado del Centro Cívico de Mexicali. Un inmueble de cinco pisos se yergue en la calle del hospital. Su fachada de vidrio contraviene la opacidad en el manejo de la procuración y administración de la justicia federal, al menos en esta entidad.

Con dos pisos de estacionamientos subterráneos que albergan a un centenar de vehículos último modelo, nacionales y estadounidenses, el edificio es infranqueable, ya que todo debe pasar por un arco electrónico y la mirada admonitoria de 18 policías municipales –en tres turnos– adscritos para el resguardo del inmueble federal.

Es de los pocos, escasos edificios que cuentan con elevadores. Tiene cuatro. Otros inmuebles que cuentan con este servicio son el del gobierno estatal (tres elevadores, uno de ellos privado), el Tribunal Superior de Justicia de Baja California (uno), la delegación del Infonavit (uno) y acaso un par de hoteles de cinco estrellas. No más, porque Mexicali es una ciudad extendida cuyos edificios son, la mayoría, de una a dos plantas.

Nadie tiene acceso, acaso sólo los abogados litigantes y los familiares de los empleados federales. En tono de broma se comenta que flanquean sus puertas los iniciados o los indiciados.

Por supuesto que la prensa no tiene acceso, por órdenes de quien ejerce la coordinación de magistrados y por un acuerdo de los presidentes de los cuatro tribunales colegiados del Décimo Quinto Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta abril de este año, la coordinación de los magistrados en Mexicali recaía en la togada Graciela Margarita Landa Durán.

Hace once meses, en septiembre de 2004, un grupo de reporteros intentaron entrevistar a una jueza pero fueron repelidos por personal administrativo, guardias privados y policías municipales que, incluso, estuvieron a punto a liarse a golpes con los periodistas.

El trabajo periodístico consistía en obtener un comentario sobre la decisión judicial de suspender temporalmente la destitución por la vía del amparo de la diputada Raquel Avilés, integrante del grupo de legisladores panistas a los que se les aplicó el reglamento del Congreso local y fueron removidos de sus cargos de representación popular.

A dos semanas del término de la XVII Legislatura, Avilés llegó al Congreso para exhibir un ordenamiento judicial y exigir su reinstalación en su curul, oficina y personal de apoyo. Un grupo de ocho comunicadores de radio, televisión y prensa escrita se presentaron ante el recinto judicial para solicitar una entrevista con la jueza. Esperaron en el vestíbulo y tras media hora los conminaron a empujones a abandonar el inmueble, tras marcarles la prohibición de su acceso, además de filmar aspectos sobre el interior del edificio. Personal del Poder Judicial intentaron incluso incautar rollos fotográficos y de video, “por instrucciones superiores”.

El video de la gresca se transmitió en el noticiero televisivo Con sentido, de Antonio Magaña, en donde se observa la agresión y enfrentamiento que tuvieron un par de policías con Enrique Tellaeche, en ese entonces corresponsal de Monitor y presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de Mexicali.

“Nadie puede pasar, menos periodistas”, señaló una de las mujeres policías que participaron en el incidente.

Es un sitio idóneo para cometer irregularidades.

El mismo lugar en donde los magistrados dejan entre su parentela la “herencia” de diversos cargos públicos importantes. Al menos tres de la docena de togados que imparten justicia en Baja California aprovecharon el tráfico de influencias –vía un endeble servicio profesional– para ungir a sus hijos como secretarios o jueces del mismo Poder Judicial de la Federación.

El primer tribunal colegiado del décimo quinto circuito lo integran Eduardo Rodríguez Álvarez como presidente, Miguel Ángel Morales Hernández y el coordinador de la extensión del Instituto de la Judicatura Federal Pedro Fernando Reyes. En el segundo tribunal colegiado están Sergio Javier Coss Ramos, Jorge Martínez Arias y Graciela Margarita Landa Durán, coordinadora de magistrados.

El presidente del tercer tribunal es Sergio González Esparza y José Encarnación Aguilar Moya, quienes cuentan con el apoyo de los togados Raúl Molina Torres, Manuela Rodríguez Caravantes, Faustino Cervantes e Inocencio del Prado Morales.

Publicado: Agosto de 2005



Tu opinión:

Tu nombre:
E-mail

Escribe tu mensaje aquí:

Publicidad

Caricaturistas de Contralínea
De Actualidad

 

 

 

Publicidad


Humor:  

 

Avance Contralínea

En la República:  

Números atrasados
Publicidad:  




Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato
Oaxaca Sinaloa Sonora Hidalgo Michoacán NacionalTamaulipas Veracruz Zacatecas



2005 Revista Contralínea Derechos Reservados CIMCOM
Av. Juárez 88, primero piso, desp. 110 y 111. Col. Centro, México D.F.
Tels: 9149-9802 /03 /05

Sitios Recomendados:
| Oficio de Papel | Revista Fortuna | Los periodistas | Fraternidad de Reporteros de México |
Responsable del sitio: Gonzalo Monterrosa Galindo