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BAJA CALIFORNIA  
 

Mexicali: Fortaleza infranqueable

Antonio Heras

El edificio del Poder Judicial de la Federación en Baja California se encuentra a un costado del Centro Cívico de Mexicali. Un inmueble de cinco pisos se yergue en la calle del hospital. Su fachada de vidrio contraviene la opacidad en el manejo de la procuración y administración de la justicia federal, al menos en esta entidad.

 


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Con dos pisos de estacionamientos subterráneos que albergan a un centenar de vehículos último modelo, nacionales y estadounidenses, el edificio es infranqueable, ya que todo debe pasar por un arco electrónico y la mirada admonitoria de 18 policías municipales –en tres turnos– adscritos para el resguardo del inmueble federal.

Es de los pocos, escasos edificios que cuentan con elevadores. Tiene cuatro. Otros inmuebles que cuentan con este servicio son el del gobierno estatal (tres elevadores, uno de ellos privado), el Tribunal Superior de Justicia de Baja California (uno), la delegación del Infonavit (uno) y acaso un par de hoteles de cinco estrellas. No más, porque Mexicali es una ciudad extendida cuyos edificios son, la mayoría, de una a dos plantas.

Nadie tiene acceso, acaso sólo los abogados litigantes y los familiares de los empleados federales. En tono de broma se comenta que flanquean sus puertas los iniciados o los indiciados.

Por supuesto que la prensa no tiene acceso, por órdenes de quien ejerce la coordinación de magistrados y por un acuerdo de los presidentes de los cuatro tribunales colegiados del Décimo Quinto Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta abril de este año, la coordinación de los magistrados en Mexicali recaía en la togada Graciela Margarita Landa Durán.

Hace once meses, en septiembre de 2004, un grupo de reporteros intentaron entrevistar a una jueza pero fueron repelidos por personal administrativo, guardias privados y policías municipales que, incluso, estuvieron a punto a liarse a golpes con los periodistas.

El trabajo periodístico consistía en obtener un comentario sobre la decisión judicial de suspender temporalmente la destitución por la vía del amparo de la diputada Raquel Avilés, integrante del grupo de legisladores panistas a los que se les aplicó el reglamento del Congreso local y fueron removidos de sus cargos de representación popular.

A dos semanas del término de la XVII Legislatura, Avilés llegó al Congreso para exhibir un ordenamiento judicial y exigir su reinstalación en su curul, oficina y personal de apoyo. Un grupo de ocho comunicadores de radio, televisión y prensa escrita se presentaron ante el recinto judicial para solicitar una entrevista con la jueza. Esperaron en el vestíbulo y tras media hora los conminaron a empujones a abandonar el inmueble, tras marcarles la prohibición de su acceso, además de filmar aspectos sobre el interior del edificio. Personal del Poder Judicial intentaron incluso incautar rollos fotográficos y de video, “por instrucciones superiores”.

El video de la gresca se transmitió en el noticiero televisivo Con sentido, de Antonio Magaña, en donde se observa la agresión y enfrentamiento que tuvieron un par de policías con Enrique Tellaeche, en ese entonces corresponsal de Monitor y presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de Mexicali.

“Nadie puede pasar, menos periodistas”, señaló una de las mujeres policías que participaron en el incidente.

Es un sitio idóneo para cometer irregularidades.

El mismo lugar en donde los magistrados dejan entre su parentela la “herencia” de diversos cargos públicos importantes. Al menos tres de la docena de togados que imparten justicia en Baja California aprovecharon el tráfico de influencias –vía un endeble servicio profesional– para ungir a sus hijos como secretarios o jueces del mismo Poder Judicial de la Federación.

El primer tribunal colegiado del décimo quinto circuito lo integran Eduardo Rodríguez Álvarez como presidente, Miguel Ángel Morales Hernández y el coordinador de la extensión del Instituto de la Judicatura Federal Pedro Fernando Reyes. En el segundo tribunal colegiado están Sergio Javier Coss Ramos, Jorge Martínez Arias y Graciela Margarita Landa Durán, coordinadora de magistrados.

El presidente del tercer tribunal es Sergio González Esparza y José Encarnación Aguilar Moya, quienes cuentan con el apoyo de los togados Raúl Molina Torres, Manuela Rodríguez Caravantes, Faustino Cervantes e Inocencio del Prado Morales.

 

Publicado: Agosto de 2005



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