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BAJA CALIFORNIA  
 

Implican a Elorduy en daño patrimonial

Antonio Heras
Durante el ejercicio fiscal 2003, el gobierno de Baja California incurrió en un presunto perjuicio patrimonial por más de 240 millones de pesos en contra de la hacienda pública, señala la Auditoría Superior de la Federación en un amplio informe.

 

 


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La pobreza no sólo se volvió moneda de cambio para las argucias gubernamentales, sino que es la justificación para que autoridades estatales y municipales se aprovechen del centralismo administrativo que padece México. Tan sólo en Baja California los 3 mil kilómetros de distancia que la separan de la capital provocaron el desparpajo de funcionarios que ejercen a su antojo dineros destinados a combatir la pobreza, la marginación y a sanear las finanzas.

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración panista encabezada por Eugenio Elorduy Walther incurrió en presuntos daños al patrimonio federal que contabilizan 241 millones 570 mil pesos en total.

Ésta no es cosa menor, pues en ese ejercicio fiscal se etiquetaron poco más de 6 mil millones de pesos para el estado, y hasta ahora las auditorías hechas por el máximo órgano de fiscalización, dependiente del Congreso de la Unión, revelaron la opacidad con la que se ejercen los recursos públicos desde julio de 2001.

La ASF denotó toda una gama de inconsistencias dignas de inteligencias preclaras para simular y defraudar al erario público, es decir, al pueblo mexicano. Y es que el gobierno estatal y los ayuntamientos pervirtieron el origen de recursos federales para el combate a la pobreza y la marginación y los utilizaron en proyectos fuera de toda legalidad, según se desprende del análisis.

Entre las irregularidades detectadas sobresalen los presuntos daños patrimoniales cometidos en perjuicio del erario destinado al ramo 39 que corresponde al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de entidades Federativas (PAFEF). Además, la ASF detectó otras anomalías que van desde fraccionar contratos para favorecer a empresas y particulares hasta reportar obras jamás realizadas, e incluso canalizar al margen de la ley el dinero en beneficio de particulares o para la construcción de edificios gubernamentales.

Así, los gobiernos bajacalifornianos usaron recursos federales para asuntos que representan irregularidades administrativas e incluso que pueden configurarse como delitos (peculado). El problema más grave es que estos fondos se debieron destinar a obras y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza, de acuerdo con un manual del propio gobierno federal.

 

Daños al patrimonio federal

 

Aprobado en diciembre de 1999 por la Cámara de Diputados, el PAFEF tiene por objeto coadyuvar a la atención de necesidades presupuestarias relacionadas con el saneamiento financiero, los sistemas de pensiones y la infraestructura de las entidades federativas, según establecen los Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del ramo 39 para el ejercicio fiscal 2003.

Sin embargo, durante la revisión de los fondos destinados a este programa, la ASF descubrió diversas irregularidades por las que se emitieron cinco pliegos de observaciones en los que se detalla un igual número de perjuicios en contra del patrimonio federal.

Por el monto involucrado, destaca un pago indebido que la administración panista hizo a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que ascendió a 122 millones 238 mil pesos. Según el informe, el gasto devengado fue “para cubrir compromisos asumidos por el gobierno del estado de Baja California con el gobierno federal durante el ejercicio 2003, por 416 millones 902 mil pesos, los cuales debieron reintegrarse a través del procedimiento de compensación mensual de las participaciones federales”.

El órgano de fiscalización aclara que “el pago realizado no se encuadra en los supuestos de saneamiento financiero que se establecen en los lineamientos para la aplicación de los recursos del ramo, ni en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, por lo que “se presume un probable perjuicio a la hacienda pública federal”, pues los compromisos asumidos entre el gobierno local y la SHCP se cubrieron “indebidamente” con recursos del PAFEF.

En orden de importancia, el segundo daño patrimonial correspondió a una aportación “irregular” por cien millones de pesos a favor del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI). En este caso, la ASF señala que el gobierno local omitió acreditar “con la documentación correspondiente el impacto favorable para la aplicación de dichos recursos” provenientes del PAFEF.

Al contravenir la normatividad aplicable, la Auditoría Superior considera que la millonaria asignación se dio en perjuicio del erario público. Un tercer quebranto ascendió a 10 millones 26 mil pesos, y fue por concepto de saldos por ejercer en las cuentas bancarias donde se depositaron los recursos del PAFEF, mismos que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

En el ejercicio fiscal 2003 se detectó un cuarto daño al patrimonio correspondiente al desvío por 4 millones 905 mil pesos del PAFEF, que según la ASF se “destinaron a fines distintos a los expresamente previstos en la normatividad establecida”, al adquirir “Libros de Texto para Secundaria” al amparo del Programa de Infraestructura Educativa del Estado, en contravención a lo que establece el Presupuesto de Egresos.

El último quebranto ascendió a 4 millones 201 mil pesos que se utilizaron para crear pasivos documentados con fechas posteriores al 31 de diciembre de 2003, en contravención del Principio de Contabilidad Gubernamental denominado “Base de Registro” y de los propios lineamientos del PAFEF. Para la ASF, los recursos debieron enterarse a la Tesote.

De acuerdo con el informe, al aplicar los recursos del PAFEF el gobierno de Baja California incumplió con los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables y los principios de contabilidad gubernamental. Al respecto la ASF determinó 15 observaciones y hasta el momento el 24 por ciento está pendiente de solventar.

 

Anomalías en Mexicali

 

El 22 de febrero y la mañana de un mes posterior, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron revisar los fondos del ramo 33 otorgados a todas las entidades del país, así como los recursos federales que se otorgaron a Baja California, de acuerdo a los oficios CVASF/LIX-105/04 y 279. Se trataba de conocer el impacto social que representó su aplicación en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) que ascendió a 144 millones 391 mil pesos. Dicha revisión se efectuó en las tesorerías municipales de los cuatro municipios del Estado de Baja California.

Durante la supervisión al municipio de Mexicali, la Auditoría Superior detectó una aportación indebida del ayuntamiento a favor del gobierno estatal por 18 millones 202 mil pesos para supuestamente complementar los programas de desarrollo social y urbano. A cambio, el ayuntamiento sólo obtuvo recibos de caja de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

De acuerdo con los índices de pobreza y marginación, el informe asegura que se aplicaron de manera indebida los recursos destinados a realizar obras y acciones donde la población presenta condiciones de rezago social y pobreza extrema, por lo que establece que se violó la Ley de Coordinación Fiscal.

Otra irregularidad observada por el máximo órgano de fiscalización corresponde a la remodelación del Gimnasio de Mexicali por un millón 300 mil pesos. En este caso la autoridad local decidió fraccionar la obra tres contratos para poder adjudicarlos directamente a particulares.

De manera infructuosa, el 27 de agosto, la ASF solicitó al ayuntamiento mexicalense –a través del oficio DRE/1210/2004– el dictamen de la auditoría que practicó la Sindicatura el 31 de diciembre del 2003 sobre el Ramo General 33 y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

También se realizó una obra por un monto de cien mil pesos en propiedad privada. No obstante que se consideró construir una área deportiva en el kilómetro 43, los recursos se fueron para rehabilitar al Lienzo Charro. En total, la capital de Baja California destinó recursos a fines distintos por 34 millones 650 mil pesos.

Las anomalías van desde la documentación que no reúne requisitos fiscales por 332 mil pesos; falta de soporte documental por 450 mil pesos; obra pagada no ejecutada por 245 mil pesos; pagos en exceso en una obra por 65 mil pesos; conceptos de obra pagados por 6 mil pesos que no corresponden al tipo de obra ejecutada; obra ejecutada por cien mil pesos en una propiedad privada. 

 

El caso de Tijuana

 

En lo que corresponde a Tijuana y tras una revisión del 80 por ciento de los recursos destinados, la ASF determinó la existencia de varias inconsistencias en la administración de Jesús González Reyes, entre ellas el pago de supervisión de obras inexistentes.

Se observó que los intereses generados por la inversión de los recursos del fondo no se aplicaron en los fines establecidos por 3 millones 703 mil pesos; recursos destinados a fines distintos de los establecidos en la normatividad por 1 millón 141 mil pesos; documentación comprobatoria por 2 millones 917 mil pesos no expedida en favor del municipio; recursos pendientes de comprobar por 20 millones 82 mil pesos y pago de supervisión por 520 mil pesos, sin existir la obra.

El informe revela que de enero a noviembre de 2003 el ayuntamiento contrató supervisores de obra, pese a que las construcciones iniciaron hasta septiembre. Los honorarios cubiertos por el período de enero a agosto ascendieron a 520 mil pesos.

De los recursos autorizados para el Programa Desarrollo Institucional de Tijuana se determinó que se asignaron 800 mil pesos por concepto de promoción y difusión para artículos promocionales (volantes, carteles, mantas, cuadernillos y camisetas), además de 290 mil pesos para capacitación y 88 mil pesos para la adecuación de espacios. No obstante, se ejercieron 858 mil pesos en promoción y difusión, 177 mil en adecuación de espacios y 104 mil en capacitación.

Mientras que en Ensenada se destinaron recursos a fines distintos a los establecidos en la normatividad por 16 millones 714 mil pesos. La escasa vigilancia y la connivencia de autoridades con los órganos de control provocaron que se desvirtuara un mayor flujo de recursos hacia los gobiernos estatal y municipales como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Una vez que se practicó la auditoría, la administración estatal envió el oficio 041060 del 15 de octubre para solicitar que se utilicen criterios “propositivos” en la revisión de solventaciones presentadas.

Además que la revisiones de campo se efectúen en compañía del ejecutor y de la unidad de inversión pública “para poder efectuar las aclaraciones y/o explicaciones de manera más oportuna”, y que se alarguen los tiempos para solventar los “resultados finales a satisfacción”.

Sólo faltó recomendar el restaurante chino de Mexicali en donde los operadores políticos del gobierno estatal planean y resarcen la vida política y pública de la entidad, entre tequilas y whiskies.

 

Cajas negras del gobierno

 

De 1998 a 2004, Baja California ha recibido cerca de 35 mil millones de pesos, tan sólo para acciones y programas de combate a la pobreza extrema y la marginación. ¿Qué pasaría si una parte de estos recursos se utilizó para rehabilitar un lienzo charro, comprobar documentalmente obras que no existen o en la compra irregular de libros?

Se iniciaría una investigación para determinar el uso de recursos y, en su caso, el desvío de programas. Otra posibilidad es no darse por enterado porque estas acciones traen consigo sanciones administrativas y hasta penales. Eso pasó en Baja California, de acuerdo al informe de la ASF, pues el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Baja California se mantiene inerte ante los señalamientos.

Ello, a pesar de que el organismo federal le recomendó que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con las leyes locales y normatividad aplicable, diera seguimiento al cúmulo de observaciones determinadas en la revisión de la cuenta pública 2003.

El papel gris del organismo sustituto de la Contaduría Mayor de Hacienda lo convierte en avestruz, pues apuesta por la inacción, y hay hasta quienes afirman que su papel es de “comparsa”. Por ejemplo, en los círculos gubernamentales se califica de “triste” la labor que realiza Víctor Adán López Camacho, egresado de universidades francesas en administración pública y que antepuso una serie de condiciones para aceptar su ungimiento, entre las que se encontraba el respeto irrestricto de sus tareas y la independencia de sus decisiones.

El Secretario de Planeación durante el gobierno de Héctor Terán contó con el aval de los grupos parlamentarios para iniciar el reparto de puestos y espacios de la legislatura entrante. Cuando lo designaron, fuentes periodísticas le recordaron su participación en el diseño del fideicomiso ilegal que autorizó el entonces alcalde Héctor Osuna para el pago de liquidaciones de sus más cercanos colaboradores, y su paso por la fugaz comisión presidencial para la frontera norte que sacó a Ernesto Ruffo de su ostracismo político.

A seis meses de su nombramiento se encuentra inmerso en un laberinto de intereses, en donde la pasividad ha sido su mejor lenguaje. Es el soliloquio de la caja de cristal. Un camino similar sigue la Dirección de Control Gubernamental que mantiene una actitud de desenfado sobre las irregularidades que se cometieron durante el ejercicio 2003.

La ASF le solicitó iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones ante la situación que guardan algunos programas realizados con recursos federales. La contraloría debe informar sobre los casos que requirieron procedimientos y correcciones administrativas en un plazo de 60 días.

Pero en tres años, esta dependencia tan sólo ha extendido un oficio con una redacción críptica, y fue hace un mes cuando entre los legisladores empezó a circular la idea de llamar a comparecer a su titular, José Cervantes Govea, exdiputado local panista.

Actualmente, el Congreso desconoce el destino de aviadores en el Sistema Educativo Estatal, las dobles plazas y la suerte de servidores públicos que fueron señalados por el uso indebido de recursos.

Y todo parece indicar que ése será el fin que tendrán las recomendaciones que hizo la ASF al gobierno estatal para que instruya “los procedimientos de control necesarios y suficientes”, y con ello evitar irregularidades sobre el ejercicio del recurso federal. Además de que solicitó al Órgano Interno de Control realizar investigaciones “y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión”.

En corrillos se considera que los órganos locales de control son las cajas negras de las administraciones públicas.

Publicado: Julio 2004

 



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