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BAJA CALIFORNIA  
 

GAP: impunidad quebrantada

Antonio Heras.
El ayuntamiento de Tijuana embargó al Grupo Aeroportuario del Pacífico para obligarlo a cubrir 104 millones de pesos por adeudos en el pago del impuesto predial, mientras mantiene decenas de demandas civiles y penales por locatarios amenazados. Una sombra se ciñe a sus espaldas: auditorías jurídica y administrativa para determinar la serie de atropellos e incumplimientos que ha cometido durante su presencia en México a partir del siglo XXI.

 

 


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La administración del Aeropuerto Internacional de Tijuana es un caos. Esta situación es una muestra de los vicios de origen de una privatización sustentada en contratos leoninos, como es el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) que fue uno de los beneficiarios directos al desembolsar 240 millones de dólares por once aeropuertos, de los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le reembolsó 180 millones. Con esto, la inversión en términos reales ascendió a 60 millones de dólares.

En el gobierno de Ernesto Zedillo GAP obtuvo la concesión de las terminales de Aguascalientes, Bajío, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.

En este caso, el GAP recibió un revés al incumplir con el pago del impuesto predial durante cinco años al gobierno municipal de Tijuana. Aunado a esto, actualmente el grupo enfrenta una serie de demandas civiles y penales por parte de los locatarios.

El pregón de ser favorecidos por altos funcionarios de la administración de Vicente Fox no impidió que el ayuntamiento fronterizo embargara, a dicha empresa de capital español, cajas recaudadoras, siete vehículos y dos cuentas bancarias para acreditar el pago de un adeudo por 104 millones 700 mil pesos.

El 21 de septiembre el recaudador de Rentas, Roberto Antonio Cano Chávez, notificó al representante del GAP que el interventor Alfredo González entraba en funciones, a partir de ese momento, para estar al tanto de entradas y salidas de dinero debido al embargo precautorio.

"Nosotros ya cumplimos con nuestra parte, actuamos siempre dentro de lo que la propia ley nos ampara, por lo tanto ahora los señores del Grupo Aeroportuario del Pacífico, están en todo su derecho de actuar como les parezca mejor, con los medios legales que consideren a cabo para resolver este asunto", dice el funcionario municipal tras advertir que las puertas del municipio están abiertas para cuando acudan a cubrir el adeudo.

Así se escribió este capítulo de desacuerdos entre el gobierno municipal y el GAP, empresa que en reiteradas ocasiones se negó a cubrir el impuesto por considerar que se encontraba en zona federal.

Sin embargo, la intervención municipal representa el fin de un camino de impunidad que había construido una empresa que recibió la concesión del mayor número de aeropuertos mexicanos, entre los que se encuentran Tijuana y Mexicali.

En la capital de Baja California, por ejemplo, la actividad comercial del puerto aéreo es limitada o prácticamente nula, ya que durante los vuelos sólo abren sus puertas un par de locales para la venta de souvenirs, bebidas y periódicos, además del sitio de taxis que prestan servicio para las zonas de la ciudad de Mexicali, el valle y San Luis Río Colorado, Sonora. Aunque hay podiums en donde se promueve la renta de autos, es común que se encuentren abandonados.

En el recuerdo quedó el restaurante del primer piso en donde los viajantes esperaban la salida o llegada de vuelos, también el espacio alterno para el consumo de alimentos que construyeron en la planta baja. La oferta de servicios es lamentable, comenta un ex locatario que afirma que tras la supuesta remodelación perdió sus derechos.

En Mexicali operan dos líneas aéreas: Mexicana y Aviacsa. En distintas ocasiones, varias empresas han buscado entrar al mercado cachanilla, de manera infructuosa, entre ellas está Aeroméxico y algunas opciones para conectar por vía aérea al puerto de San Felipe.

 

Atropello de derechos

 

GAP tiene más de un centenar de demandas de los locatarios del aeropuerto de Tijuana, así como amparos ante la amenaza de ser lanzados de los espacios que rentan, la mayoría desde hace más de 20 años.

La amenaza no se quedó en discurso, como lo muestra la historia de Elizabeth Jovita Lugo y Yuridia Navarro, quienes fueron desalojadas de sus locales y despojadas de su patrimonio para entregar los locales que ocuparon durante años a Natural Break, un consorcio comercial de Cataluña, España.

Es el ejemplo más reciente de la impunidad del GAP, asegura el dirigente de la Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana, Alejandro Vizcarra, en donde todo parece indicar que la empresa está por encima de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los compromisos del subsecretario Aarón Dichter de respetar los derechos de los comerciantes que laboran en la central aérea.

La privatización de los servicios aeroportuarios fue un fracaso en cuanto a la generación de empleos. Se despidió al 40 por ciento del personal de Aeropuerto y Servicios Auxiliares ( y el resto fue testigo de la reducción de sus prestaciones y de la desaparición de sus utilidades, lo que violenta la ley en la materia.

Esta situación quedará en evidencia, dice el dirigente, una vez que se concreten las auditorías que se comprometió ordenar el titular de la SCT, Pedro Cerisola y Weber, al comparecer ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión y la insistencia del diputado Jesús González Schmall.

 

Los pasos de Schmall

 

A inicios de septiembre de 2005, trascendió que la SCT realiza un par de auditorías –administrativa y jurídica– a Grupo Aeroportuario del Pacífico. La intención es tener elementos para exigir la rescisión de las concesiones otorgadas al consorcio ibérico, bajo el argumento de que la empresa a incumplido con sus compromisos de inversión, sostiene González Schmall, a pesar que la dependencia les impuso un programa conservador en su beneficio.

Para el legislador federal la privatización de los aeropuertos ha sido contraproducente para los usuarios y para las finanzas públicas, pero tampoco la SCT pudo "meter al orden" a los inversionistas que tan sólo se han dedicado a realizar "obras de fachada".

En cinco años, las empresas concesionarias han invertido tan sólo mil 682 millones de pesos, mientras que el aeropuerto de Guadalajara registró ingresos por 4 mil 500 millones de pesos durante ese mismo periodo.

Aunque Aeropuertos y Servicios Auxiliares preside el consejo de GAP, señala el ex panista, la empresa es la que tiene la última palabra. El legislador considera que México se encuentra en riesgo de perder los aeropuertos exactamente en la misma forma en que perdió los ferrocarriles.

 

Publicado en: Octubre 2005



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