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BAJA CALIFORNIA  
 

Cuatro secretarios de Estado acusados de violar la Ley

Lorena Rosas
Maestros del Cobach acusan penalmente a los secretarios Reyes Tamez, Francisco Gil, Carlos Abascal y Francisco Javier Salazar, así como a 26 secretarios de educación estatales, como presuntos responsables de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, peculado y daño patrimonial


Gil Diaz

 


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En cascada se manifestarán las sanciones jurídicas, responsabilidad penal y la inhabilitación para todos los secretarios de educación de la República que hayan incurrido en desacato al no haber cumplido con la norma del respeto al convenio de coordinación fiscal, los únicos funcionarios que escapan a la denuncia penal interpuesta en su contra por presunta complicidad, son los titulares de los sistemas educativos de Chihuahua, Hidalgo y Jalisco. 

Esto ocurriría en caso de comprobarse su responsabilidad de acuerdo con la denuncia penal presentada por dirigentes de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres (Cobach) en la Procuraduría General de la República en contra de los secretarios de Educación, Reyes Tamez Guerra; de Hacienda, Francisco Gil Díaz; Gobernación, Carlos Abascal; y del Trabajo, Francisco Javier Salazar.


Carlos Abascal

En la denuncia también están incluidos funcionarios de segundo nivel, como Rafael Freyre, director general de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, y Yoloxóchitl Bustamante, subsecretaria de Educación Media Superior, además de los secretarios de Educación de 26 estados de la República, como presuntos responsables de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, peculado y daño patrimonial.

La denuncia se fundamenta en el hecho de que los secretarios de Estado y otros funcionarios federales, no han aplicado las partidas presupuestales asignadas en 2005 por la Cámara de Diputados, (que aparecen en la página 93 del Diario Oficial de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2006), a los subsistemas de educación del Colegio de Bachilleres, por 228 millones 974 mil 359 pesos, y para el Colegio de Educación Científica y Tecnológica 112 millones 51 mil 282 pesos, recomendando que sean destinados al Programa Gradual de Nivelación Salarial con el fin de resarcir lo que se consideró injusta situación laboral, y que por años han padecido los trabajadores académicos de educación media superior.

De acuerdo con la Constitución Política, en el capítulo de las garantías individuales, artículo 3, fracción VIII:

”El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.


Francisco Salazar

Los casi 39 mil maestros de la sección 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reciben por medio del Sistema Educativo Estatal el 23.5 por ciento de sobresueldo de vida cara, mientras los profesores del Colegio de Bachilleres argumentan que ellos son menos de 900 y los discriminan al no otorgarles esos beneficios, por lo que también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Secretaría de la Función Pública para exigir que se investigue a los secretarios de Estado, quienes presuntamente han omitido aplicar los recursos.

Sobre la demanda de amparo que interpuso el pasado 28 de febrero la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres (UNSCB), por el no ejercicio de los recursos del programa de nivelación salarial, ésta no fue atendida por el juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo, Máximo Ariel Torres Quevedo, quien se declaró incompetente para conocer del caso y lo turnó a un juzgado en materia administrativa.

Torres Quevedo notificó al equipo jurídico de la Unión de Sindicatos de Cobach que el amparo 352/06, promovido contra actos del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Hacienda, Educación, Gobernación y otras autoridades, será competencia de un juez de distrito en materia administrativa.

Sin embargo, se declaró incompetente para conocer dicho asunto, al considerar que “los actos reclamados tienen naturaleza jurídica eminentemente administrativa, pues el presidente, los secretarios, los subsecretarios y directores generales de cada una de las dependencias del ejecutivo federal, señalados como autoridades responsables, están constitucionalmente encargados de aplicar y ejercer el Presupuesto de Egresos de la Federación que la Cámara de Diputados emita para que el Estado lleve a cabo sus funciones”.

En comparación con los maestros de la sección 37 del SNTE hay un desnivel de entre un 90 y un 130 por ciento; por ejemplo, un maestro que trabaja 36 horas gana de 4 mil 200 a 4 mil 600 pesos por catorcena. Y un maestro de educación básica de la sección 37 gana entre 8 y 9 mil pesos a la catorcena.

Además de la retención de recursos, otra inconformidad entre los profesores es que al acordarse la homologación salarial con la Sección 37 del SNTE, en el acuerdo legislativo del 1 de febrero de 2006, se estableció que los recursos serían etiquetados en el ramo 25. Esto es, que en un periodo de cinco años, los maestros del Cobach percibirían lo mismo que un docente del magisterio.

Sin embargo, las autoridades etiquetaron los recursos en el ramo 11, que establece que el dinero sólo se expedirá una sola vez, lo cual genera incertidumbre. Buscaron que los recursos de nivelación salarial fueran etiquetados en el ramo 25 en el Presupuesto de Egresos del 2006, pero las autoridades los colocaron nuevamente en el apartado 11.


Reyez Tamez

Así, los recursos mencionados se enviaron a los distintos estados de la República, como pago extraordinario por única vez, producto de una decisión unilateral de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, plasmada en un oficio firmado por Rafael Freyre, director general de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

Esta decisión desvirtuó totalmente el propósito con el que se aprobaron estos recursos, y obstaculizaron seriamente el programa de nivelación salarial referido. Incurrieron en un evidente desacato a lo dispuesto por la legislatura federal.

Por todo eso se determinó recurrir al amparo, y se establecen como actos reclamados la violación por incumplimiento e inaplicación del decreto ya que la aprobación de dichos recursos también fue establecida en la Ley de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2005 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2004.

Los convenios de coordinación fiscal marcan que por cada peso que aporte la federación para el mantenimiento y funcionamiento del Colegio de Bachilleres y Cecytes, las entidades federativas tienen la obligación de entregar otro peso; eso quiere decir que si lograron 229 millones de pesos, serían entonces 458 y se distribuirán como salario integrado para nivelación.

“En este programa de nivelación, en ningún momento la Secretaría de Hacienda especifica cómo debe instrumentarse. Se cubre como un pago único, y por lo tanto, no regular. Pudiera haber una bolsa similar como la que hay nuevamente en el 2006, pero no hay certeza de que todos los años se vaya a contar con esos recursos”, aclara José Gabriel Posada Gallego, secretario de educación en Baja California.

“Hemos sido muy claros, no podemos participar porque no tenemos la capacidad. Tenemos que ser responsables en ese sentido. Los pagos únicos se dan por excedentes, por economías, pero eso sucede por ejemplo al lograr los excedentes del pago de petróleo, pero esos son riesgos que no podemos tomar nosotros”, dice.

Mientras tanto, los maestros del Cobach sólo esperarán hasta el 12 de mayo la resolución de este conflicto, de lo contrario se irán a un paro nacional, y dejarán sin clases a un millón de alumnos en el país y a 25 mil estudiantes en el estado.

Por su parte, el director general del Cobach, Víctor Way Garibay, espera que Reyes Tamez y Gil Díaz acuerden sobre el recurso aprobado por la Cámara de Diputados, ya que esto garantizará la nivelación salarial en los próximos cinco años y que los maestros requieren para tener un mejor ingreso.

“El 29 de diciembre de 2005, Rafael Freyre, director de Planeación de la SEP, expidió oficios a los estados. El de Baja California es el 225-2.2/7499, en el primer párrafo del documento reconoce que son los recursos del programa de nivelación salarial, pero en el segundo párrafo señala que no tienen responsabilidad los estados de aportar una cantidad similar.

El secretario general del sindicato de profesores del Cobach, Saúl García Pacheco pregunta: ¿quién facultó a Rafael Freyre para violentar la ley de egresos, para modificar los convenios de coordinación fiscal o para girar esa instrucción a los estados? Los convenios de coordinación fiscal en ninguna parte eximen al Estado de la responsabilidad de aportar peso a peso, así sea para mantenimiento, operatividad, construcción de aulas o pago de salarios”.

El líder sindical pregunta “¿Quién dio la orden? Me queda muy claro que fue el presidente Vicente Fox. Lo sé porque en diciembre, cuando estuvimos en Los Pinos, Benigno Aladro Fernández, coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría Particular de la Presidencia, nos dijo: ‘va a ser bono y háganle como quieran’, refrendando lo mismo que Yoloxóchitl Bustamante, subsecretaria de Educación Media Superior”.

 

Publicado en: Abril 2006



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