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BAJA CALIFORNIA  
 

Mando militar y anticonstitucional

Lorena Rosas
Un militar “con cargo de general” al mando de las corporaciones policíacas, despojaría a Baja California de su naturaleza libre y soberana, violentaría el Pacto Federal, además de que violaría el principio de autonomía de los municipios del Estado por el origen “federal” de las Fuerzas Armadas. Esto sería el reconocimiento tácito de la incapacidad de las instituciones policíacas

 

 


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Los miembros de las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz -como hoy en México- y por mandato constitucional, según el Artículo 129, se encargan sólo de la defensa de la Soberanía Nacional ante cualquier amenaza externa o contingencia natural, y de la Seguridad Interior de la Nación, pero no de las tareas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, porque no fueron creadas ni entrenadas para ello.

No en vano en el 2003, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a México: “Excluir a los miembros de las fuerzas armadas de toda actividad relacionada con tareas de investigación y persecución de los delitos relacionados con el narcotráfico; rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera que excluya la participación de las fuerzas armadas en tareas de prevención de delitos y procuración de justicia y, distinguir las tareas de defensa nacional con base en la definición de los conceptos de seguridad pública, seguridad interna, seguridad nacional y defensa nacional”.

Si Observamos diversas estadísticas, encontraremos que la justicia no se aplica en casos donde miembros de las fuerzas armadas de México cometen abusos contra los derechos humanos de ciudadanos privados.

Unión de fuerzas

En junio de 1999, los entonces secretarios de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y de Gobernación, Francisco Labastida, acordaron que cuatro mil 900 soldados se unieran a la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP). Los elementos del ejército retuvieron su rango militar, permanecieron en la nómina, y continuaban reportando directamente a sus superiores militares.

A pesar de que fue programado originalmente que se retirarían de la PFP al final del 2000, se decidió que los cuatro mil 500 soldados permanecieran en la fuerza los primeros seis meses del 2001, antes de regresar al Ejército.

Actualmente, se calcula que la PFP cuenta con más de 10 mil elementos en todo el país. En Mexicali operan alrededor de 120 agentes en la comandancia regional perteneciente al II distrito, mientras que otros 250 operan en Tijuana.

En diciembre de 2000, el general de brigada, Rafael Macedo de la Concha, fue ratificado como procurador general de la República. Previo a esto, Macedo prometió que no iba a militarizar la Procuraduría General de la República, compromiso que nunca cumplió porque integró, como director general del Grupo Beta, a su cuñado, el general de división Margarito Ruiz Hernández. 

Desde que llegó al puesto, Macedo de la Concha nombró a 14 militares en posiciones de alto rango en la Procuraduría General de la República, y en la Fiscalía Especial de Delitos contra la Salud. Muchos de ellos asumieron puestos previamente ocupados por civiles.

Sin embargo, autoridades militares permiten que se cometan violaciones constantes a los derechos humanos en el curso de arrestos, investigaciones y juicios, recurriendo constantemente a la coacción y a la tortura para obtener evidencia en contra de supuestos criminales; dan refugio a sus subordinados por medio de la apertura de investigaciones sólo por escrito. Pero no investigan, ni presentan cargos, ni emiten o ejecutan órdenes de aprensión, incluso permiten a los responsables huir de la justicia.

De esta forma, la tortura continúa sin disminución, en parte porque las autoridades son rara vez castigadas por usar confesiones forzadas para proceder legalmente contra los acusados.

La tortura

Como muestra, se recuerda el 14 de junio de 2002, cuando 23 migrantes -18 salvadoreños, cuatro mexicanos y un ecuatoriano- pretendieron introducirse sin documentos a Estados Unidos, a bordo de un vehículo tipo Suburban, por la frontera entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California, cuando fueron descubiertos por elementos del Ejército.

Los militares mexicanos les ordenaron que se detuvieran; sin embargo, el conductor del vehículo aumentó la velocidad; en consecuencia, el personal militar disparó contra quienes viajaban en la camioneta. A pesar de ello, la unidad prosiguió su marcha y los militares los persiguieron hasta el cruce de la frontera. Ya en territorio estadunidense los emigrantes heridos fueron auxiliados por el personal de la Patrulla Fronteriza, que los trasladó a diversos hospitales en Estados Unidos, a uno de los cinco baleados le fue amputado un brazo.

Todo esto lo documentó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en 2002, y remitió el expediente a la Comisión Nacional Derechos Humanos la cual emitió al procurador general de justicia militar la recomendación 23/2004. En el texto de la recomendación, que consta de 29 cuartillas, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, destaca que gracias a la investigación de la PDH se logró acreditar lo contrario a lo afirmado por la Procuraduría Militar.

En otro caso, ocurrido el 4 de febrero de 2003 a las 20 horas, fueron agraviados 13 emigrantes, todos mexicanos, al tratar de cruzar a Estados Unidos por La Rumorosa, municipio de Tecate, Baja California, a bordo de una camioneta Van, que fue interceptada por elementos del Ejército Mexicano, quienes iban a bordo de un vehículo tipo Hummer.

Como los emigrantes se negaron a obedecer una orden de que se detuvieran, los soldados, al alcanzarlos, los colocaron en el suelo, boca abajo y en fila y, con el fin de obtener la confesión sobre la persona que conducía el vehículo, fueron tratados a patadas y golpes en las costillas y en la espalda y les pegaron con las culatas, por lo cual a uno de los emigrantes le causaron conmoción cerebral.

Utilizar al Ejército para combatir al crimen, implica utilizar tropas entrenadas para el combate contra enemigos armados, en situaciones que requieren entrenamiento especializado en cumplimiento de la Ley e interacción con civiles.

Los miembros del Ejército están entrenados para eliminar al enemigo. Y por otra parte, el personal que se requiere para efectuar el cumplimiento de la Ley, debe limitarse a identificar, y algunas veces a detener, a individuos que se cree que estén involucrados en actividades criminales con el propósito de entregarlos a otras autoridades para proceder legalmente. Es probable que miembros del Ejército tomen decisiones inapropiadas o ilegales cuando se encuentran en situaciones para las cuales no han sido entrenados apropiadamente.

Los puestos de revisión militar y policial y los operativos especiales en las carreteras y en las ciudades, como las Brigadas Operativas Mixtas (BOM) y otros, tampoco han demostrado su efectividad; los resultados presentados hasta la fecha no sólo son de bajo impacto, sino que no inciden en la disminución de los delitos que más preocupan, que son los cometidos por el crimen organizado.

Publicado en: Diciembre 2006 / Año 2 / Número 20



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