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BAJA CALIFORNIA  
 

Reclusas sin perfil criminal

Lorena Rosas
Víctimas de la ignorancia y la pobreza extrema, reclusas del penal de Mexicali –incriminadas por delitos contra la salud, en su mayoría– exponen a Contralínea las dramáticas historias de cómo fueron involucradas en el trasiego de droga 

 

 

 


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Las mujeres reclusas sufren cuatro tipos de condena, además de la privación de su libertad: la pérdida de su pareja –ya que un gran porcentaje de mujeres presas son abandonadas–; las escasas visitas –ya sea conyugal o de familiares–; el abandono social –les angustian sus hijos, la falta de generación de recursos para mantenerlos, las visitas que no llegan y la pena de ser consideradas delincuentes–, y la autoinculpación y el remordimiento, el  “si yo no hubiera…”.

Conocer la realidad de las presas alerta a las mujeres que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos, a quienes solicitan empleo sin preparación académica, a las mujeres de la tercera edad que viajan solas, a las mujeres humildes y con numerosos hijos, pues ellas son mujeres primodelincuentes, sin perfil criminal: mujeres de hogar, de trabajo, tan comunes y tan normales, con la expresión de ciudadanas inocentes. Mujeres no violentas, no homicidas, que fácilmente cruzaron el umbral de la cárcel.

En la mayoría de los casos son mujeres sin acceso a la justicia, como Silvina Robles de 64 años, quien padece cardiopatías frecuentes y es hipertensa. Con motivo del día de las madres, el año pasado Silvina decidió visitar a su hija y a sus nietos, a quienes no veía desde hacía cinco años cuando se mudaron a Tijuana. Mujer sencilla, sin malicia, originaria del poblado San Miguelito, de Rosa Morada, Nayarit, llegó aquel 9 de mayo a la Central de Autobuses de Tepic, en donde inició su calvario. Formada en una larga fila para comprar un pasaje a Tijuana la abordó un señor que le sugirió: “No pague tanto, aquí enseguida hay un camión que le cobra la mitad, yo le consigo que pague sólo 400 pesos”.

Dos señoras de la fila también se animaron y las tres abordaron un autobús de Turismo. El “acomedido” señor las acompañó y recomendó a doña Silvina con los choferes: “Les encargó mucho a la señora, platiquen con ella para que no se aburra y, por favor, que no se nos vaya a pasar”. Silvina se acomodó en el primer asiento, ahí, junto a los conductores, pero la amabilidad de éstos pronto se convirtió en cruel acusación.

En el punto de revisión carretero de San Luis Río Colorado, Sonora, varios militares abordaron el autobús en el que viajaba doña Silvina y procedieron a hacer la inspección de rutina: levantaron el piso de un doble fondo del pasillo, donde iban ocultos 200 kilos de mariguana. Los ocho pasajeros y los dos choferes fueron detenidos. El testimonio de un chofer fue contundente: “Un señor me encargó a la señora con mucha insistencia y,  curiosamente, ella venía sentada a un lado de la tapa del piso del pasillo”.

Aunque el testimonio es la única evidencia en su contra, a Silvina la quieren sentenciar a 10 años de prisión. Y es que en Baja California las autoridades judiciales no se preocupan por investigar. “Mi hija ya me consiguió cartas de aval moral de mi pueblo, pero ni siquiera las tomaron en cuenta. Dios sabe que soy inocente, los verdaderos traficantes deben andar libres por ahí. Mi yerno no les permite ni a mi hija ni a mis nietos que me visiten en este lugar”, refiere doña Silvina entre sollozos.

El 70 por ciento de las 750 mujeres presas en Baja California –228 internas en Mexicali, 427 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tijuana, 95 en Ensenada– tienen en promedio entre 30 y 40 años de edad.

El 55 por ciento de la población femenil en los penales está bajo proceso judicial por delitos contra la salud, mientras que en el caso de la población varonil, este delito es imputado sólo al 8 por ciento del total, afirma Héctor Grijalva Tapia,  subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario.

El funcionario Grijalva Tapia acepta que, a diferencia de los hombres, las mujeres en reclusión tienen limitaciones para realizar actividades productivas y remuneradas. Y es que las propias autoridades omiten capacitarlas, con lo que también se cancela la oportunidad de que sean autosuficientes cuando obtengan su libertad. En el estado, las internas son confinadas a las “labores propias de su sexo”: bordado, tejido, manualidades. Así, al reproducir los roles de género, les brindan muy pocas oportunidades de elevar y superar su condición, generalmente de pobreza extrema.

 

Pobreza, primer factor

 

Los delitos contra la salud representan, en promedio, el 60 por ciento del total de los ilícitos cometidos por mujeres, pues les facilita la obtención de dinero y la solución de los problemas más inmediatos. Por ello, este género ya es considerado como blanco para el trasiego de drogas.

Con la convicción de ayudar a su esposo con el gasto del hogar, Candelaria, de 49 años y madre de cuatro hijos –los más pequeños de 12, 8 y 6 años–, buscó trabajo en un restaurante en Tamarindo, Sinaloa. Era agosto de 2000 cuando la dueña de un comedor le ofreció emplearla en el cuidado de unos niños. Días más tarde, en cuanto le tomó confianza y vio su necesidad, la señora mandó a dos empleados por ella y por su sobrina, quien le ayudaba.

A nombre de su nueva jefa los hombres les dijeron: “Tienen que entregar este paquete”.  Candelaria y su sobrina salieron de la casa y los empleados las llevaron al aeropuerto de Culiacán. “Nos amenazaron, nos dijeron muchas groserías: que iban a matar a mi familia y que estaban armados. Todo fue a fuerzas. Nos dijeron que nos iban a cuidar en el avión a Mexicali y nos pusieron un paquete en una maleta”, relata Candelaria.

La mujer narra: “en cuanto bajamos en el aeropuerto, antes de recoger la maleta, vi a dos policías y les dije lo que estábamos pasando, les pedí ayuda porque teníamos mucho miedo: que nos ayudaran porque no sabíamos lo que traíamos, ellos nos ayudaron, porque de nosotras salió pedir ayuda sin que nadie supiera que traíamos ese paquete y así quedó asentado en la declaración. Pero eso no me lo valieron en el ministerio público y nos dieron 10 años de sentencia por delitos contra la salud. Allá en Tamarindo cumplieron la amenaza y mataron a mi hermano, el papá de mi sobrina”.

Las modalidades para involucrar a las mujeres en el trasiego de estupefacientes son muy diversas. Para incautar a jóvenes estudiantes de clase media, por ejemplo, se utilizan supuestos “novios” quienes tienen la encomienda de enamorarlas para que se presten al transporte de droga, dice Guadalupe de Salias, presidenta del Grupo GAPMI, organismo de la sociedad civil con amplia experiencia en el trato a reclusas en Mexicali.

Algunas mujeres cometen el delito con conocimiento de causa, como Nicolasa, de 39 años, quien también cumple una condena de 10 años por transportación de narcóticos: “Se me hizo fácil aceptar cuando, a la salida de mi trabajo en una fábrica en Escuinapa, Sinaloa, unos conocidos me propusieron transportar medio kilo de heroína en una lata de leche. Me pagaban mil dólares, lo que ganaría en tres meses de sueldo. Mi esposo es pensionado por discapacidad y gana mil 800 pesos al mes, tenemos mucha necesidad por gastos: la comida, los libros de la escuela de mis hijos. Ellos me agarraron a la segunda vez. Estoy muy arrepentida, pero ya es muy tarde, ahorita lo único que quiero es que me ayuden a estar en una cárcel cercana a mis hijos, tengo una joven de 16, otro de 15 y un niño de 12 años y quiero verlos: en los cuatro años que tengo aquí sólo los he visto una vez y ése es mi castigo más doloroso”.

Manuel Díaz Lerma, secretario de Seguridad Pública en Baja California, explica que en los últimos cinco años ha aumentado hasta en 30 por ciento el número de mujeres utilizadas por las bandas del crimen organizado para la venta y transporte de droga, así como los delitos conexos. Mientras que en 2000 había 350 mujeres detenidas por delitos contra la salud, en 2005 la cifra se incrementó a 470 mujeres encarceladas por estos mismos ilícitos.

De acuerdo con las estadísticas, seis de cada 10 internas en el sistema de readaptación social del estado proceden de otras entidades, fundamentalmente del sureste de México, como Michoacán, Campeche, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

 

Represalias y maltratos

 

Las reclusas del sistema de readaptación social de Baja California, en su mayoría madres solas, ven vulnerados sus derechos al trabajo, a la salud, a la alimentación y a la educación, pero también a la libre expresión.

Durante una visita al penal que la diputada Elvira Luna, presidenta del Congreso del Estado de Baja California y, por añadidura, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad, realizó el 16 de diciembre pasado, una interna de nombre María Guadalupe la abordó para explicarle que padece cáncer cervicouterino y que no recibe atención médica.

Delante del director del Cereso, la legisladora escuchó a  Guadalupe, quien además le mostró los oficios de cita para el hospital y le explicó la indiferencia de las autoridades, quienes le niegan el permiso para acudir a sus citas médicas. La reclusa agregó el tema de la mala alimentación que les dan en el penal y los malos tratos y prepotencia de que son objeto por parte de la comandante de custodia.

Esto fue el detonante para que “embartolaran” –como se le dice al castigo– por tres semanas a María Guadalupe. Allí, en completa soledad, pasó la nochebuena y recibió el 2006. En la navidad sus compañeras reclusas pudieron felicitarla a una distancia de 40 metros, ya que nadie se puede acercar sin permiso a la celda especial: bautizada como la Bartola.

Las reclusas señalan que en el penal falta atención médica y que se carece de recursos técnicos, personales y materiales para ofrecer una atención inmediata. Las internas que dan a luz también encuentran un sistema penitenciario deficiente que no les ofrece un espacio adecuado para tener con ellas a sus bebés, siquiera en etapa de lactancia, lo que contraviene disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos, e instrumentos internacionales de derechos humanos.

El caso de Karla es ilustrativo de esta violación a los derechos de las presas. El 16 de enero pasado la joven tuvo una bebé en el hospital general, a donde acudió a dar a luz esposada de manos y pies. Horas después regresó al penal con los brazos vacíos, su niña recién nacida quedó en custodia de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, en el Albergue Temporal para Menores, mientras Karla recibe sentencia por su supuesta complicidad en el  homicidio de su hijo Leyvin Alejandro, de 3 años.

Karla cuenta que ella estaba muy enamorada y asegura que siempre creyó que su ex pareja cambiaría: “Nunca imaginé que la violencia intrafamiliar que vivíamos acabaría con la vida de mi niño. De repente me avisaron en mi trabajo que el niño había muerto. Yo me aguantaba por no perderlo, yo le creía a Eduardo, mi ex pareja y padrastro de Leyvin, cuando decía que deseaba corregir al niño por travieso. Me aferré a que seríamos una familia”.

En su celda conserva un dibujo realizado por Leyvin. Karla no tiene recursos para pagar un abogado particular, como sí lo hizo su ex pareja: “Yo no tengo su mismo nivel de  responsabilidad pero él cuenta con abogado particular y yo no tengo dinero para eso; además, mi familia no me apoya, me condenan por haber callado los malos tratos hacia el niño. Todo en mi vida estaba bien hasta que me junté con Eduardo”.

 

 

Tráfico de indocumentados

Ante la falta de oportunidades y de un empleo estable para ella y su esposo Gustavo en su lugar de origen –Netzahualcóyotl, Estado de México–, Virginia, de 29 años, decidió emigrar a Los Ángeles, Estados Unidos, en donde radican algunos de sus familiares.

Por primera vez, su paso hacia el país vecino se frustró en abril de 2004, cuando intentó cruzar por Mexicali. Pero ella necesitaba el trabajo y decidió intentar por otra ruta de cruce aún más alejada y peligrosa: el  desierto de San Luis Arizona.

Atractiva y de armoniosa figura, Virginia era acompañada por nueve inmigrantes que no disimulaban sus miradas y cuchicheaban entre sí.  Era la oscuridad de la noche y se sintió vulnerable. “Tenía mucho miedo por ser mujer y andar sola, no sabía qué me podría pasar”.  La joven aceptó con gran alivio la propuesta del guía: Para que te respeten di que somos pareja, si no, no sabes lo que te pueden hacer. 

Virginia recuerda: “Nos interceptaron elementos del  grupo Beta antes de cruzar y nos llevaron al ministerio público como presentados para señalar al guía, pero dos inmigrantes me relacionaron con el pollero. Al pollero lo soltaron confundido entre los inmigrantes y a mí sí me dieron  seis años por tráfico de indocumentados. Me estoy muriendo sin ver a mis hijos, mi niño de 9 y mi hijita de 6 años”.

Infundir miedo a las mujeres inmigrantes por una probable agresión sexual es una práctica muy común entre los guías o polleros, así, los traficantes se escudan y las relacionan a ellas con el delito. Por eso les ofrecen una caballerosa protección fugaz  durante el proceso de cruce.

Los polleros utilizan esta coartada para evadirse de la justicia y, casi siempre, consiguen involucrar a las mujeres indocumentadas como cómplices del traficante. Por este delito, y tan sólo en el Cereso de Mexicali, están sentenciadas 38 mujeres de entre 20 y 35 años, procedentes de Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Michoacán y Chiapas. Todas han sido señaladas como polleras, a pesar de desconocer la zona.

Sobre estas internas hay una doble agresión: por ser mujeres inmigrantes se les infunde con temor a ser violadas, golpeadas o asesinadas en el marco de su desesperada aventura por cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos, y posteriormente son condenadas por la sociedad al ser consideradas delincuentes.

La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste apoya algunos casos de reclusas ante la Defensoría de Oficio Federal para determinar cuáles pueden alcanzar la preliberación, o bien hacer los trámites necesarios para trasladarlas a centros de reclusión de su lugar de origen, por la dificultad de puedan visitarlos sus familiares.

 

Abuso de poder

 

La vida de Bertha, de 42 años e indígena originaria de Tixtla, Guerrero, nunca ha sido fácil. A cambi de una dote, su padrastro, también indígena, la cedió en matrimonio a los 13 años a un hombre 20 años mayor, con quien tuvo 8 hijos: cuatro de ellos registrados a nombre sólo del papá, como era costumbre en su pueblo.

Cansada de los malos tratos, al tiempo se separó y se vino a vivir a esta frontera con una nueva pareja con quien tuvo dos hijas más. Trabajaba en una fábrica y el fin de semana limpiaba oficinas, de cuyos profesionistas tiene cartas de apoyo y aval moral. Su hijo Ramón, de 18 años, consiguió cruzar la frontera con Estados Unidos para buscar trabajo; iba acompañado de otros dos conocidos, luego se les reunieron más inmigrantes.

El grupo Beta los interceptó antes del cruce y fueron sometidos a investigación, entonces surgió el domicilio de la casa de Bertha, en donde los recogió el enlace para cruzarlos. Con el dato, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones llegaron a las 8 de la noche, sacaron a Bertha del baño semidesnuda, la maltrataron, la jalonearon y la golpearon. Sus niñas de 12, tres y un año de edad, ya estaban a bordo de una Suburban que las transportaría al ministerio público Federal.

Sin estudios suficientes Bertha aceptó firmar unos documentos en blanco: “En lo que amanecía y llegaba la secretaria para llenar los formatos por la mañana”, le mintió el agente federal.

Bertha signó los papeles para que la dejaran ir, ya eran las dos de la mañana y su bebé tenía cinco horas llorando por hambre, la niña mayor, enferma de leucemia, se sentía muy débil y necesitaba medicamento.

Bertha ya cumplió tres años y medio en el Cereso de Mexicali, de los seis años a los que la sentenciaron acusada de ser “pollera”. “Mi hija falleció a los 15 años. Yo ya no la volví a ver. Murió el 29 de abril del año pasado, nadie la atendió, por eso se me murió, y mi bebita, que ya tiene cuatro años, está en Guerrero. A su papá ya no lo veo, no quiere saber de mí por taruga, por haber confiado, por haber firmado así, a la desesperada para irme con mis criaturas”.

 

 

Publicado en: Febrero2006



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