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BAJA CALIFORNIA  
 

Elecciones en Baja California, proceso viciado

Lorena Rosas
Las artimañas electorales no conocen patente. Éstas se conocían antes como prácticas exclusivas del PRI; hoy, se extendieron a otros partidos, aunque el PAN, en esta jornada electoral, llevó el liderazgo en el reparto de obsequios, lo que antes cuando eran oposición criticaban.

 

 


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En Baja California, previo a las elecciones de este 2 de julio para presidente de la República, senadores y diputados federales, cientos de miles de padres de familia, de jóvenes y de adultos mayores, se vieron inmersos en una competencia de servidores públicos, en una evidente coacción al electorado que mayor necesidad económica tiene. Esto provocó la conformación de una Comisión Especial de Investigación que integró el Congreso del Estado para indagar sobre acciones con supuestos fines electoreros emprendidas por parte de autoridades estatales y municipales, con lo que se violaba el acuerdo de neutralidad del Instituto Federal Electoral.

Bicicletas, gorras, camisetas, materiales de construcción y enseres domésticos, despensas, apoyos económicos y mochilas, se entregaron en eventos encabezados por el propio gobernador de la entidad Eugenio Elorduy, y se distribuyeron entre sectores vulnerables de las zonas marginadas rurales y urbanas del estado. Los padres de familia captaron la preocupación de sus funcionarios gubernamentales por el futuro de sus hijos, además de percibir la generosidad de las siglas de quien arropó al candidato presidencial y a quienes pretenden legislar por Baja California. 

El Congreso del Estado citó a comparecer a tres alcaldes: de Mexicali, Samuel Ramos Flores, de Tijuana, Jorge Hank Rohn y, de Ensenada César Mancillas Amador; además llamó a dos funcionarios estatales, por realizar acciones “en beneficio de la comunidad”, como entrega de despensas con presuntos fines electorales: a Jorge Ramos Hernández, titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), y a Carlos Reynoso Nuño, desde hace cuatro meses secretario de Desarrollo Social del Estado, ex subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario y ex subsecretario General de Gobierno, reconocido como el hombre de confianza y operador político de los últimos tres gobernadores. 

La Comisión, que presentará un informe en los últimos días de julio, investiga el programa “Amigos de la CESPT”, el desvío de despensas enviadas a los damnificados de Chiapas que fueron a parar a la campaña del PRI, el programa de entrega de útiles escolares en Tijuana y el llamado “sillagate” de Mexicali.

Los legisladores priístas y perredistas cuestionaron la legalidad del programa “Amigos de la CESPT”, y lo calificaron como un posible acto político electoral en apoyo a candidatos del Partido Acción Nacional, una plataforma para integrar una red social con un banco de información que pudo captar líderes comunitarios con su zona de influencia, con un grupo de más de 400 promotores comunitarios contratados por la paraestatal y más de 200 promotores honorarios donde se registran con la credencial elector de los nuevos afiliados a la paraestatal. “Amigos de la CESPT” realizó acciones como repartir despensas, rifar casas y automóviles, condonar adeudos, rehabilitar calles, promover asistencia a conciertos y regalar artículos domésticos, logrando una efectiva penetración social, pero dejando de lado que la función principal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana es proporcionar a los tijuanenses los servicios básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

A Jorge Hank, presidente municipal de Tijuana, se le pidió un informe pormenorizado sobre los programas de apoyo social que desarrolla su administración, particularmente el relacionado con la entrega de útiles escolares ya concluido el ciclo escolar, en virtud de que se solicitaba a los beneficiarios la credencial de elector, antes de hacer entrega de los útiles en los sectores sociales más necesitados. Otra presunta estrategia de coptación de votos, que podría también tener relación con las campañas políticas de apoyo a candidatos del Partido Revolucionario Institucional es donde se vio involucrado el delegado de La Presa, Gregorio Barreto, quien fue sorprendido en pleno acto de campaña por ese distrito, regalando dinero a familias de escasos recursos de la zona Este de Tijuana.

Por lo que se refiere al alcalde de Mexicali, Samuel Ramos Flores, el diputado panista, Francisco Blake Mora, expuso que también debía investigarse el uso de recursos públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Mexicali en actos del PRI, en alusión al llamado “sillagate”, cuando dos servidores públicos municipales trasladaron sillas para un evento del PRI Municipal en un vehículo oficial del Ayuntamiento. Samuel Ramos aclaró que los empleados que actuaron con ese exceso de confianza fueron separados de su cargo, y deberán asumir la responsabilidad que corresponda ante la denuncia que hizo el partido Acción Nacional en la fiscalía especializada para delitos electorales.

Publicado en: Julio 2006 / Año 1 / Número 15



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