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BAJA CALIFORNIA  
 

Tortura: investigación y castigo

Lorena Rosas
En el contexto de la lucha contra el narcotráfico y las estrategias antidrogas, bajo el pretexto de atacar a la delincuencia organizada se producen crímenes aún más graves, como la tortura policíaca usada sistemáticamente para arrancar testimonios y producir culpables.

 


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La peor tragedia que un ciudadano afectado en sus derechos humanos por la violencia policial puede enfrentar es la inoperancia de las autoridades y la doble moral de las corporaciones, o aún peor, la incapacidad institucional.

Al denunciar actos de tortura para él y su familia, detención ilegal, juicio amañado, corrupción, hostigamiento en un sinuoso camino para acceder a la justicia, Rafael García Molina podría escoger entre dos opciones: soportar más abusos, indiferencia e ineptitud institucional y solapar que las policías sigan actuando de forma criminal, corrupta e impune, o asumir hasta las últimas consecuencias la defensa de su dignidad y la reparación del grave daño que le ocasionaron de por vida.

Daño moral, desintegración familiar, salud física y psicológica mermada por los golpes y la tortura sufrida en forma recurrente, saqueo de su propiedad, robo de maquinaria textil y agrícola, incluyendo la pérdida de sus animales: cinco vacas, 42 chivas y 80 gallinas, desaparición de tres vehículos; de su cosecha de alfalfa, de mobiliario completo de su hogar y hasta de su propia casa incendiada intencionalmente, y tiempo, mucho tiempo perdido realizando gestiones ante diversas autoridades para buscar justicia. Ese es el saldo de esta pesadilla.

El 20 de noviembre de 2001, aproximadamente a los 00:40 minutos, el Centro de Intercepción Aérea de la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que una avioneta presuntamente cargada con droga se dirigía hacia Mexicali. La nave era seguida a distancia por un aeroplano de la PGR y la tripulación proporcionó la ubicación del sitio en donde iba a aterrizar.

De inmediato inició el operativo: 40 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) se trasladaron a la colonia Ahumadita de Mexicali, apoyados por personal de la Policía Municipal, decenas de agentes de la PGR y miembros del Ejército mexicano, para localizar a los narcotraficantes.

La PFP indicó que al llegar al sitio, la droga había sido descargada y la avioneta había emprendido nuevamente el vuelo. Durante el operativo, los agentes localizaron un pick up Chevrolet GMC blanco, modelo 1990, serie 2GTEC14H11-1528819, con placas AH-24485, donde había 153 paquetes de mariguana con peso total de 345 kilogramos.

 

Tortura, método de investigación

A pesar de los esfuerzos realizados en diversos campos, tales como la Ley Federal para Prevenir la Tortura, y en el plano internacional la aplicación del Protocolo de Estambul y, más recientemente la entrada en vigor en el mundo del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (ambos ratificados por México), ésta sigue siendo una práctica extendida en el país, tal como señaló el Comité contra la Tortura en su informe producto de una visita a México, publicado en 2003.

El presidente de México, Vicente Fox Quesada presume que sólo ha habido una denuncia de tortura en contra de este gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que fue totalmente aclarada la ''inexistencia'' de esta práctica en las corporaciones policíacas, las prisiones y en los centros de detención. Lo preocupante es la distancia que hay entre el discurso y la realidad. 

Rafael García Molina, recuerda su terrible vivencia: “aproximadamente a la una de la mañana estaba dormido en mi domicilio, ubicado en la colonia Progreso, zona semirrural, cuando escuché ruidos de radiopatrullas y sirenas. Creí que era la televisión que tenía prendida, la apagué y me percaté que los ruidos seguían y eran reales. Me asomé por la ventana para ver qué pasaba. Todavía adormilado vi a un grupo de aproximadamente 50 agentes vestidos de negro, con logotipo anaranjado que decía PGR; otros vestidos de uniforme gris con logotipo PFP, agentes de la Policía Federal de Caminos y soldados que iban en un convoy de 14 carros del ejército.

“Un grupo corría detrás de dos hombres que llevaban metralletas y armas largas. Se metieron a mi parcela, sembrada con alfalfa para vacas y chivos. Estaba anegado por ser época de riego, incluido el camino que se usa para sembrar. Por eso todos –policías, soldados y perseguidos– dejaron los vehículos entre el patio de mi casa y mi parcela. Una pick-up quedó en el patio y otra entre los surcos.

“Me asomé por la ventana y les pregunté qué pasaba. Gritaron: ‘acá está un hijo de su rechingada madre, ya no sigan a aquéllos, acá está uno’. Yo abrí la puerta y al caminar unos pasos al patio de mi casa me encontré con armas largas apuntándome en el pecho y en la cabeza. En ese momento les dije que debían tener una orden del juez para entrar a mi propiedad, a lo que me contestaron: ‘no te hagas pendejo, ahí tienes una pick-up bien cargada y el motor está caliente, vienes llegando’. Se metieron como 50 policías, los soldados no entraron, sólo rodearon la casa. Había más de 300 elementos en mi parcela. Una vez dentro de mi casa un grupo de agentes agarraron a mi esposa, de 40 años de edad, rodearon una cama donde estaba dormida mi niña de tres años, apuntándoles con las armas, también a mi hija de 13 y a mi hijo de 11 años. A todos los golpearon, los sacaron de la cama arrastrándolos, a mí me golpeaban con una ametralladora. Me tumbaron varios dientes. A mi esposa la arrastraron y la metieron a uno de los cuartos donde la desnudaron, pero a mí no me permitieron entrar.

“Cuando me detuvieron, los primeros que me comenzaron a golpear fueron los de la PGR, después los de la PFP. Me dejaban unos y me agarraban otros. Me entregaron a la municipal para que diera fe y ellos me agarraron a patadas porque no me quería subir a la patrulla. Los agentes cortaban cartucho en mi cuello. Uno de ellos dijo: ‘aquí te vas a quedar hijo de tu chingada madre’. Yo traía como 10 ametralladoras y pistolas alrededor de mi cuerpo. Me agarraban de los cabellos y me tundían con las armas en la sien y en la nuca. Incluso recibí un cachazo en la parte media superior de la espalda que me afectó las vértebras. Otra voz dijo: ‘soy el representante de la ley, hijo de la chingada’, y me golpeó en la cara con el arma tumbándome los dientes. A los niños los tenían contra la pared apuntándoles con las ametralladoras. Nos exigían que les dijéramos donde estaba el almacén dónde, según ellos, guardábamos la demás droga”.

“Estaba llorando. Me golpeaban más. Me sacaron de mi casa y me llevaron al patio de atrás, en donde hay un árbol del cual me amarraron con las esposas, semicolgado, pues pisaba sin zapatos con la punta de mis dedos. Me tuvieron como tres minutos así, mientras me pegaban con el puño en la cara. En eso se acercó un agente de uniforme negro: ‘por ese pick-up que tienes ahí cargado dame 40 mil dólares y vamos a decir a nuestros superiores que te nos pelaste’. Un segundo dijo: ‘No. Que dé 80’. Un tercero: ‘Si quieres salir de ésta danos 100 mil dólares porque somos muchos’. Yo les dije que estaban hablando con la persona equivocada y después me jalonearon y me siguieron golpeando. Sentía que me moría. Que nos matarían, a mí y a mi familia.” 

 

El operativo, un éxito: PFP

El parte informativo del 20 de diciembre de 2001 refiere: “casi media tonelada de mariguana fue asegurada por la PFP, cuando recibieron el reporte sobre el aterrizaje de una avioneta en el área de la colonia Ahumadita. Los agentes federales lograron el decomiso de la droga, el arresto de una persona, el aseguramiento de un pick up y una escopeta, durante el operativo registrado la madrugada de ayer, con apoyo de la Policía Municipal y elementos de la PGR”.

Según el boletín, “el detenido como presunto responsable es Rafael García Molina, de 50 años de edad, quien manejaba el vehículo y portaba una escopeta, así como una caja con 28 proyectiles. En el área, presuntamente relacionado con el cargamento de droga, fue detenido otro sujeto, pero se investiga su posible participación. La droga, el vehículo, los detenidos y el arma fueron trasladados a la comandancia regional de la PFP, para posteriormente ser enviados a la subdelegación de la PGR.”

Rafael García recuerda con claridad: “pasados unos 35 minutos desde que llegaron, me sacaron de la casa, me llevaron al vehículo pick-up que traía la droga y un radio de esos que usa la policía, entonces me dieron de topes en la pick-up metiéndome la cabeza donde estaba el radio, me golpearon la frente contra el volante y decían: ‘mira, con esto te estás comunicando con la avioneta, hijo de tu puta madre’. Yo no sabía cuál avioneta y me quedaba callado porque cada palabra ameritaba otro golpe. Luego me llevaron al canal de agua que está a unos 10 pasos de la puerta de mi casa, en cuya orilla estaban formadas las patrullas y los vehículos del ejército, cerca de la carretera que va a Mexicali. Los soldados estaban tirados de panza en el piso apuntando a la casa. Me exigieron que me subiera a una patrulla municipal, a lo cual me negué, por lo que dos policías me patearon en mis partes nobles, lo que me ocasionó una hernia en el lado izquierdo del pene que a la fecha no me he tratado y la tengo todavía.”

 

Corrupción policíaca

“A las dos de la mañana me llevaron a las oficinas de la Policía Federal de Caminos. Esposado a una silla, estuve sentado hasta que amaneció. Como a las tres de la mañana llevaron a un sujeto apellidado Quevedo Montoya, que al parecer era el narcotraficante que perseguían. De ahí nos trasladaron esposados a los dos, a la PGR. Ahí me tuvieron por cinco días incomunicado. El agente del Ministerio Público Federal titular de la Mesa III de Averiguaciones Previas, Gabriel Aceves Hernández, estaba empeñado en que yo era ‘narco’ y me decía que le ofreciera dinero al juez para salir, porque me iban a dar pa’ dentro. No me dijo cuánto, pero que le diera al juez en dólares. Le contesté: ‘¿por qué le voy a ofrecer al juez si soy inocente?’. Ahí mismo me dieron auto de formal prisión, por medio de un notificador. A Quevedo Montoya le dijeron: ‘estás libre. Y tú Rafael vas a los separos, pero puedes apelar para ver si sales en cinco días’.

“En el Cereso me hirieron con un picahielo en la ingle derecha, debajo del estómago. Entre los presos se murmuraba que me habían mandado matar para que me callara, pero los propios presos me dieron protección y les tenía que pagar después cada vez que llegaba la familia a visitarme, les repartía entre 100 y 300 pesos. Los guardias también pedían dinero.

“La Averiguación Previa 1646/01, que obra en mi contra en la Agencia del Ministerio Público Federal, consignada al Juzgado Primero de Distrito en Mexicali, el oficial de la PFP, Alberto Montesillos Dueñas declara el 13 de marzo de 2002 ante el juez Ricardo Martínez Carvajal: ‘cuando el ahora procesado salió de su domicilio y fue detenido, tenía aspecto de haber estado dormido’”.

Ante las inconsistencias Rafael se pregunta: “¿cómo va a estar dormido alguien que supuestamente va a recibir un cargamento de droga? Es infantil. Como también lo es la liberación del narcotraficante Quevedo Montoya a las 72 horas. Después supe que era uno de los que descargaron la avioneta.”

 

Violación a los derechos humanos

El problema de Rafael, como de muchos otros, va mucho más allá de la tolerancia oficial hacia los abusos y la impunidad. Esta violación de sus derechos humanos se deriva de la corrupción y la nula protección de las garantías individuales dentro del sistema de procuración de justicia y de la indiferencia hacia estos abusos. Los agentes del Ministerio Público procesan a las víctimas utilizando pruebas obtenidas mediante agresiones y tortura; y los jueces se valen de leyes y precedentes legales que permiten condenarlos ignorando estos abusos.

“Después de siete meses se comprobó mi inocencia y salí el 6 de mayo de 2002 a la una de la mañana. Nadie me esperaba afuera porque no le avisaron a mi familia. Tenía adentro un microondas, un tostador de pan, un pequeño rostizador de pollo y un extractor de jugos. Todo lo vendí por 70 pesos para poder llegar con mi familia. Se lo entregué al taxista. Mi casa estaba abandonada, mi familia ya no vivía ahí. Los busqué en el ejido Coronitas, a dos kilómetros, donde vivían unos Testigos de Jehová. Sabía que ahí podían estar y así fue. Esa misma madrugada nos regresamos a la casa. A los tres días salí al juzgado en Mexicali a recoger mis credenciales y cuando regresé a casa ya no encontré a la familia. Me acosté preocupado. No había luz y no me percaté de nada.

“A la mañana siguiente vi que había una alacena y el refrigerador baleados, y la estufa de gas con 17 balazos. Fue demasiado duro para mí porque creí que los habían matado. Lo daba por hecho. A uno y medio kilómetros estaban construyendo un fraccionamiento y les pedí a los trabajadores que con las máquinas escarbaran en ciertos lugares de ‘pineras’, donde a veces tiran basura y muertos. Creía que ahí estaba enterrada mi familia. Me ayudaron unas tres veces, de noche, porque tenían miedo de que los corrieran del trabajo. Nunca se encontró nada. Duré solo unos 11 días, sin comer: era más el dolor que el hambre. Lloraba y no sabía donde caía dormido hasta que me despertaban los piquetes de moscos. Cargaba una pala y escarbaba entre los pinos, donde veía tierra floja, calculando donde pudieran estar enterrados. Vecinos que me conocen me llevaban algo de comida para no dejarme morir”.

 

Sorpresas amargas

“El 14 de agosto de 2002 era cumpleaños de mi esposa. Le pedí a Dios que los encontrara. Tenía tiempo que no salía de la casa, pero ese día fui al centro de Mexicali. Me paré en la avenida López Mateos cerca de la línea internacional. Vi a una mujer de espaldas parecida a mi esposa con una niña parecida a mi hija Belem. Eran ellas. Les hablé y se echaron a correr, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Gritando y de lejos, llorando, me dijeron: ‘dale gracias a Dios que estamos vivos, me salvé de una muerte segura con todo y niños, ya no nos busques’.

“Dos personas, hombres jóvenes que me vieron persiguiéndola, me golpearon porque pensaron que yo quería atacar a mi familia. Me dejaron tirado y ya no pude seguirlos. Hasta julio del año pasado supe de ellos: me llamaron de un juzgado de lo familiar para el divorcio. Era la notificación de sentencia a pesar de que yo no sabía dónde estaba mi familia, pero era para su protección. La PGR logró separarme de ellos, les dijo que les iba a ir peor si continuaban con su denuncia o les dicen que su familia ya está ubicada, o no hacen lo que tienen que hacer en la investigación, es decir, ponen todos los obstáculos para que el denunciante se desista.

“En este tiempo fue una robadera en la casa, 42 máquinas de ropa y un almacén de telas, hilos y refacciones para la misma maquinaria, porque hacíamos ropa de dama, maquilábamos mi esposa y yo. En el tiempo que estuve en la cárcel me robaron 42 chivos, cinco vacas, dos caballos, dos becerros y 80 gallinas. Ningún animal apareció. También me robaron ocho motores de carro que había comprado para poner un Yonkee. Desvalijaron mi camioneta pick-up Silverado modelo 80, un Nissan sedán modelo 80 y un Chevy Luv pick-up modelo 79. Robaron herramienta agrícola.

“Después de que desapareció mi familia regresé a casa como a las 11 de la mañana. La propiedad estaba incendiada. Sólo pude sacar unas cobijas y algo de ropa. Sospecho de la policía porque agentes de la PGR me pusieron ‘cola’. A la fecha, mi casa está ahí tirada, solamente quedaron los pisos. Sólo quedaron paredes de un cuarto porque son de ladrillo, que es donde duermo ahora; el resto era de madera y todo se quemó, incluidos los techos. No quedó nada, pura ceniza.

“El viernes santo de 2003 llegaron dos tipos, me sorprendieron con cuchillos por la espalda y me dijeron que yo era el dueño de la droga y la avioneta, que les entregara 30 mil dólares o, de lo contrario, me iban a matar. Me trajeron por toda la casa tirándome cuchilladas en el estómago y el cuello, mientras aseguraban que yo tenía escondida la droga para entregarla después. Escuché un pitido de un carro, los malandrines corrieron a esconderse, me encerraron en el cuarto, pero abrí con un desarmador y salí por otra puerta. Me quedé tirado, escondido tras unas palmeras. Ellos regresaron a la casa y los escuchaba: ‘ya se nos peló este hijo de la chingada’. Corrieron y cuando iban a mitad de la parcela miré que se les acopló un tercer hombre al que nunca le vi la cara”.

 

Problemas sin fin

“El 28 de enero de 2006, como a las dos de la tarde, entraron tres tipos armados a mi domicilio que llevaban cuchillos y un machete: ‘¿en dónde está el portafolios hijo de la chingada?’. Se trataba del portafolios donde conservo todos los oficios de mis denuncias contra las corporaciones policíacas. Me negué a entregarlo y me aventaron un machetazo en la cabeza que me provocó una herida de siete centímetros, estuve en el hospital 20 días. Con un leño de madera me golpearon el ojo derecho, que hasta la fecha no puedo cerrar, hasta dormido se me queda abierto.

“Sospecho que fueron agentes de la PGR los que me mandaron golpear para quitarme el portafolios donde traigo todo mi expediente y un documento de denuncia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con dirección en Washington, que les enseñé a los agentes de la PGR en las oficinas de la Delegación en Mexicali. Fue en enero de este año, una semana antes de que me golpearan estos sujetos, cuando les mostré esos documentos. Les llamó mucho la atención que les enseñara unos oficios que tienen los logos del Senado de la República, de la Organización de Naciones Unidas, del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, de la Presidencia; de la diputada Rebeca Godínez y Bravo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional sede Inglaterra, Ministerio Público Fuero Común, Atención Psicología y Expediente General Varios y Control de Ministerio. Esto es lo que me querían robar.

Por fortuna, advierte Rafael, la representación de la ONU en México el 23 de diciembre de 2004 ya mandó mi denuncia a Ginebra, Suiza.

“El 15 de enero de 2005 fui al Senado, a la Presidencia y a la Visitaduría de la PGR. En el Senado me dio un infarto por cardiopatía isquémica. Mandaron traer a los doctores que están en el piso 14 del edificio, los que confirmaron que era un infarto y me atendieron ahí mismo, luego me mandaron al Hospital Siglo XXI, donde estuve una semana internado”.

 

Representantes populares, nula actuación

El 18 de noviembre de 2005 la Secretaría de Desarrollo Social envió un oficio firmado por Carlo Clerico Medina, donde remiten a don Rafael a la delegación estatal. Turnaron el oficio DS/16758 para que le dieran un pie de casa que solicitó después de que sufrió el segundo asalto. No quería seguir viviendo ahí. Fue a Sedesol en Mexicali y lo enviaron a Inmobiliaria del Estado en donde le solicitaron 22 mil pesos de enganche, dinero que obviamente no tiene.

La diputada Elvira Luna del Congreso de Baja California le pasó el trámite al diputado Correa, hizo una carta a Desarrollo Social pidiendo 9 mil 273 pesos en apoyo económico para la construcción de un pie de casa. Los legisladores, cuyo salario se paga con recursos públicos, no resolvieron absolutamente nada.

Rafael también acudió con el diputado local Carlos Montaño para pedirle apoyo en material de construcción. No lo recibe porque no es tema de la Comisión que él preside.

La anterior legislatura estatal también fue omisa e insensible: Rafael entregó 25 oficios, uno a cada diputado, incluido el entonces presidente Leopoldo Morán. Nunca le dieron respuesta. En el Distrito Federal ha estado buscando a los diputados federales panistas por Baja California, Hidalgo Contreras y Norberto Corella, quienes se limitaron a decir: “qué pena, es complicado”.

La atención que ha recibido el caso viene de la lucha de la víctima. Con sus testimonios, su información y sus documentos probatorios, no debe haber lugar para la indiferencia y el silencio. Este testimonio refrenda y documenta la constante crítica a los informes citados sobre lo hecho y lo que se ha dejado de hacer por las autoridades.

Las consecuencias de la tortura y los malos tratos para la víctima y sus familiares son profundas y duraderas. La tortura atenta contra la dignidad de la persona y los daños en ocasiones exigen terapias y tratamientos médicos largos y costosos. Aun así pueden dejar secuelas físicas y psicológicas de por vida.

Los proyectos y expectativas de vida de las víctimas sufren cambios drásticos, por lo que se produce una doble injusticia cuando las víctimas y sus familiares tienen que hacer frente a todas esas consecuencias, mientras que los responsables directos o indirectos de infligir tales daños no son obligados a resarcirlos de la manera más completa posible y, lo más grave, quedan impunes por la complicidad de altos funcionarios.

 

Derechos humanos, letra muerta

Rafael cuenta: “el 7 de septiembre de 2004 presenté escrito de queja ante la CNDH, recibido con el folio 36888, y el número de expedientillo 2004/3772/BC/1/OD. En su respuesta, la CNDH me comunica que “del análisis al escrito de queja y las constancias que se anexaron se advirtió que la presentación de su queja es extemporánea, ya que los hechos planteados por usted sucedieron en los años 2001 y 2002, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo de un año que prevé el artículo 16 de la Ley de la CNDH, para conocer de los mismos. Pero esto es un error.

“En junio de 2002 fui a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Mexicali, pero un abogado de ahí me dijo que una demanda de estas era una guerra en contra del gobierno, que no se resolvía nunca, que perdía mi tiempo: ‘yo hago una demanda de éstas y nos andan matando a los dos’, dijo el abogado quien, de prisa, me atendió fuera de la oficina. Su secretaria, Vanesa, le dijo que mi esposa ya había ido a presentar la denuncia en diciembre de 2001, Vanesa encontró en la computadora la fecha y el número de queja de mi esposa, pero a ella tampoco la escucharon y parece ser que fue el mismo abogado el que la atendió, después me enteré que ya no trabajaba ahí.

“El 31 de julio de 2003 le presenté a la licenciada Maya Quevedo, de Derechos Humanos en Mexicali, un escrito de una hoja con mi puño y letra donde le describo cuando me asaltaron dentro de mi casa el 27 de abril de 2003, el viernes santo, porque no me hicieron caso en la judicial antisecuestros. Fueron a tomar las fotografías de las ruinas de mi casa incendiada. El 17 de noviembre de 2003 presenté también a la subprocuradora de los Derechos Humanos una relación de la maquinaria textil y agrícola que me robaron, además de mis animales y enseres domésticos. Por estas fechas la subprocuradora me enseñó un expediente mío con muchas hojas. Ya después ella no estaba, quedó fuera de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Cuando me fui a México a demandar ante la CNDH y a Contraloría de la PGR ellos me regresaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Mexicali. Seguí yendo semana con semana hasta que se hizo una nueva declaración por el licenciado Alonso Escamilla el 11 de mayo de 2005, asunto 556/05 como consta en el volante que tengo en mi poder. No estuve de acuerdo con esta declaración porque sentí que estaba fuera de tiempo y me podían decir que ya prescribió, pero ellos me aseguraron que no tenía que ver nada, que no prescribía, que con eso podría reclamar. Esta declaración me dijeron que la mandaron a Tijuana.

“El 13 de junio del año pasado volví a los Derechos Humanos y entonces me recibió el licenciado Manuel Guillén, quien me tomó nueva declaración con el asunto 768/05. De esta declaración ya no supe más. Estas dos últimas declaraciones se hicieron porque no se encontró mi expediente.

“El 14 de junio de este año hablé con el nuevo procurador de los Derechos Humanos, Francisco Sánchez, y me dijo que el expediente tenía que aparecer, que iban a ver en qué almacén lo tenían guardado. Es importante que aparezca mi expediente en los Derechos Humanos de Mexicali, porque con él puedo demostrar que la denuncia se presentó en tiempo y forma, para hacer valer mi denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que es extemporánea, pero no lo es al presentarse mi esposa en diciembre de 2001 y yo en junio de 2002 la primera vez, tampoco era extemporánea. Si yo salí en mayo de 2002 y mi denuncia la presenté en junio de 2002, entonces sí procede.” 

 

Irregularidades en PFP y AFI

“El 9 de septiembre de 2004 entregué al presidente Vicente Fox, en Palacio Nacional, un escrito explicándole mi problema desde que aterrizó la avioneta con droga en mi propiedad, que estuve preso durante siete meses, que salí exonerado y que me encuentro desamparado, por lo cual pido el pago de la indemnización por los daños y robos de que fui objeto en todo este asunto a consecuencia de la acción de la PGR.

“El 22 de septiembre de 2004 recibí un oficio de folio 201346402-46 firmado por Benigno Aladro Fernández, coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, en el que me dicen que el presidente dio instrucciones de enviar a la PGR una copia de mi petición para que vean la forma de poder ayudarme. En la misma fecha y con el mismo folio, Benigno Aladro Fernández dirigió un oficio al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha pidiéndole la atención de mi caso y que informe de los resultados.

“A consecuencia de ello, el 27 de enero de 2005 recibí el oficio DARSAQ/053/2005 de la Visitaduría General de la PGR, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación, Rosa Elia Ambrosio Montalbán y Ulises Requena Palafox, director de área, donde se afirma que se hizo una evaluación técnico jurídica en la integración de la indagatoria 2003/03/111 iniciada por los delitos de daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, misma que posteriormente fue remitida por incompetencia a la delegación de Baja California, correspondiéndole el número de acta circunstanciada 494/2003, concluyéndose por el agente del Ministerio Público de la Federación, que se detectaron irregularidades atribuibles a servidores públicos de la institución, por lo que se emitió la vista a la autoridad competente a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

“En la misma fecha, 27 de enero de 2005, recibí el oficio DARSAQ/052/2005, firmado por Jorge Teoyotl Quezada, agente del Ministerio Público de la Federación y por Ulises Requena Palafox, en donde dicen que: ‘se designó al licenciado Jorge Teoyotl Quezada, a efecto de realizar evaluación técnico jurídica de la averiguación previa 1646/01, instruida por un delito contra la salud, la cual dio origen al proceso penal 346/2001, concluyéndose por el agente del Ministerio Público que no se detectaron irregularidades atribuibles a servidores públicos de la institución.

“El 28 de septiembre del año pasado recibí una cédula de notificación de la Visitaduría General, Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, que señala expediente DII/764/BC/04, firmado por Juan Carlos Ortiz Gausin, agente del Ministerio Público de la Federación, donde me notifican ‘que en la investigación citada al rubro mediante acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2005 se determinó que declina la competencia a favor de la delegación de la PGR en Baja California a fin de que sea agregada a la A.C. 494/2003 para el ejercicio de sus funciones, ya que en los hechos denunciados por usted, no se acreditó la participación de algún o algunos agentes federales de investigación, sin embargo sí se acreditó un ilícito penal de parte de agentes federales preventivos, los probables responsables de los hechos que se investigan.

“En agosto de 2004 me trasladé al Distrito Federal. El 8 de septiembre de ese año hice una declaración ante la Secretaría de la Función Pública, Órgano Interno de Control en la PGR, por los hechos que me llevaron a la cárcel. Me asignaron el expediente QU 478/2004, ficha de control de trámite 04/04257 del 27 de septiembre de 2004 y 04/04289 del 24 de septiembre. El 22 de marzo de este año, mediante oficio AQ/17/1704/2006, Función Pública me notificó que esa dependencia determinó que: ‘no existieron elementos de prueba suficiente que permitan advertir presunta responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la PGR’. El oficio está firmado por Jorge Ramírez Pulido, titular del Área de Quejas”.

 

Narcoavionetas

La zona fronteriza se mantiene como un corredor natural para el narcotráfico entre México y Estados Unidos. De forma constante, las autoridades de la entidad descubren cargamentos de droga a bordo de avionetas de tipo Cessna, las preferidas de los narcotraficantes porque no son detectadas fácilmente y pueden aterrizar en pistas muy cortas, de 500 a 900 metros.

Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), en Baja California aterrizan por lo menos dos aeronaves cada mes, principalmente en los valles de Mexicali, Ensenada y del sur de Tecate, una zona, hasta el momento fuera de control.

Esta región, desde hace casi 15 años es llamada “el corredor de la droga”. Informaciones extraoficiales indican que por ahí ingresa el 60 por ciento de la droga que se introduce a Estados Unidos a través de su frontera sur.

Allí, en la región desértica ubicada al este de Calexico, California, y al norte de los municipios de Mexicali, Baja California, el puerto de San Felipe, el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, la falta de vigilancia adecuada, –dado lo agreste del terreno montañoso, rocoso y desértico– ha propiciado una serie de rutas, tanto terrestres como aéreas, para el tráfico de estupefacientes hacia el vecino país, principalmente de cocaína y mariguana. La explicación es que se da como consecuencia directa del reforzamiento de la vigilancia en las áreas más cercanas a las zonas urbanas de San Diego, Tecate y Caléxico.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Manuel Díaz Lerma, afirma que desde hace más de 15 años se utilizan avionetas cargadas de droga, pero no se ha contado con la tecnología necesaria para descubrirlas. Un inconveniente es que entre la detección y la llegada de los agentes antidrogas puede pasar mucho tiempo; el suficiente para que los pilotos y tripulantes de las naves convenientemente puedan huir, mientras los helicópteros de la UEDO y los elementos de la PFP, PGR, AFI, Ministerial y Municipal logran llegar.

Extraoficialmente se ha detectado la constante desaparición y “levantones” de jefes de familia y personas vecinas o relacionadas con los terrenos y parcelas donde es frecuente el descenso de narcoavionetas; a algunos de ellos ya no se les ha vuelto a ver, no están detenidos en ninguna prisión y se desconoce su suerte desde hace varios años, fueron “levantados” y, simplemente, ya no regresaron.

Presuntos elementos de la AFI se pusieron en contacto con las esposas de dos de ellos solicitando 50 y 30 mil dólares por “investigar su paradero”, fuentes cercanas al caso señalan que el aspecto militar entre quienes abordaron a las esposas para proponerles la investigación eran “personas con otro acento de voz”.

Los habitantes del Valle de Mexicali han denunciado la presencia de por lo menos 50 narcopistas, mientras que autoridades de la PGR y del ejército nacional afirman que no las tienen detectadas y reconocen que no cuentan con el equipo de rastreo aéreo, como sí se tiene en Sonora. 

Un diario local publicó el 6 de mayo que el Sur del Valle de Mexicali está convertido en un foco “rojo” por los constantes aterrizajes de narcoavionetas en pistas clandestinas, avistadas por residentes de Colonias Nuevas, Sombrerete, Benito Juárez, ejidos Torreón, Hermosillo y Tabasco, colonia Pescaderos, poblados Guadalupe Victoria, Cucapá e Indiviso, quienes denuncian el flujo de aviones presuntamente cargados de droga en pistas naturales y otras habilitadas en esas áreas por presuntos narcotraficantes, a pesar de que ahí hay campamentos provisionales del ejército y constantes puestos de revisión. Sus reporteros fueron citados a declarar ante la PGR para aportar datos.

En tanto, en la Jefatura de Sector de la PFP no hay ningún reporte de fuentes oficiales sobre el avistamiento de aeronaves en el Valle. La PFP mantiene coordinación con todas las corporaciones policíacas, pero en el caso de reporte de avionetas estos informes oficiales los obtienen directamente desde el Centro de Información de Drogas en México.

Por su parte, la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, a la que pertenece la guarnición militar del Ciprés, advierte que en el proceso de detección de los frecuentes descensos de narcoavionetas enfrentan varios retos: la extensión territorial y la topografía que permite la proliferación de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves en los terrenos planos de valles altos y bajos; en estos se construyen pistas en poco tiempo y, tras ser detectadas muchas de éstas son destruidas, luego vuelven a ser rehabilitadas por los narcotraficantes y vueltas a destruir por el ejército, en un ciclo que no tiene fin.

Publicado en: Julio 2006 / Año 1 / Número 15



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