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BAJA CALIFORNIA  
 

Crimen Sin Castigo

Lorena Rosas
Las agresiones y los crímenes con alto grado de violencia sexual contra mujeres –en la frontera norte–, reúnen las características de los feminicidios, frente a la indolencia y negligencia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia

 

 


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El feminicidio representa un alto costo social, político, cultural y económico para una sociedad agraviada por la inseguridad y el crimen organizado. La omisión, negligencia y abuso de poder de las autoridades responsables de investigar los crímenes contra las mujeres han creado un clima de impunidad.

Muestra fiel de esta violencia de género es el homicidio de la joven de 15 años Benazir Sara Chavolla Ruiz, ocurrido en diciembre de 2005, y por el cual la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) emitió la recomendación 8/2006 el 20 de abril pasado.

El análisis de los hechos y evidencias que se derivan de la queja PDH/TIJ/328/05, acreditan sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos en contra de Manuel Chavolla Flores y Sara Elena Ruiz Meza, padres de la joven Benazir, cometidas por el procurador de justicia, Antonio Martínez Luna.

Se trata de infracciones al derecho, a la legalidad y a la seguridad jurídica, en sus modalidades de dilación en la procuración de justicia, irregular integración de averiguación previa, y no consignación de la misma.

La recomendación, dirigida al gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walter, y al Congreso local, indica que se inicie un Procedimiento Disciplinario Administrativo en contra de estos servidores públicos, y destaca la ineficacia, insensibilidad e indiferencia de las autoridades judiciales para encontrar a los culpables y aplicar la ley.

Los agresores gozan de la impunidad que les proporcionó la dilación en la procuración de justicia de las autoridades que tardaron seis meses en consignar y solicitar la orden de aprehensión, a pesar de las evidencias.

Al Ejecutivo se pide que inicie la averiguación previa por la posible comisión de hechos delictuosos, cometidas por los servidores públicos. A los diputados se les recomienda que se inicien el procedimiento al procurador de Justicia, para que se finque la responsabilidad que en derecho proceda.

El homicidio sin castigo de Benazir Sara, ha puesto a la expectativa a la sociedad civil, por la crueldad con la que fue cometido el asesinato –fue arrojada con las manos y pies esposados desde un auto en marcha.

Sin embargo, los presuntos culpables: Fernando Emmanuel Valencia Pérez, sobrino de un consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California y de una funcionaria del gobierno estatal, y Carlos Jesús Soto Ocio, no fueron detenidos, incluso el último ni siquiera fue llamado a declarar.

El homicidio

Benazir, estudiante del primer semestre de la Preparatoria del Instituto Politécnico de Baja California de Tijuana, salió de la escuela la tarde del miércoles 7 de diciembre junto con una compañera de clases.

Ambas acudieron a la explanada del Ayuntamiento donde arreglarían el espacio para presentar una exposición donde Benazir mostraría su proyecto “Fotoresistencia”. Horas antes de que ambas montaran el módulo, Benazir había terminado con su novio, Víctor Lozano Rentería, quien estudiaba el tercer semestre de preparatoria.

La joven le confió a su amiga que él no la quería, “que ya se había enfadado de que los padres de Benazir no la dejaban salir sola durante el mes que llevaban de novios, y Víctor ya no quería andar con una niñita con la que no podía estar a solas”.

Benazir estudiaba además un curso de etiqueta y modelaje, argumento que, según la Procuraduría, despertó sospechas sobre su conducta íntima para investigar no sólo su entorno, sino su reputación y la de su familia.

Elvira Luna Pineda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad del Congreso local, advierte que las líneas de investigación fueron para “culpabilizar a la víctima, al decirle: ‘por la vida que llevabas, la consecuencia es la muerte violenta de la que fuiste objeto’. En este caso, dice, se criminaliza a la mujer, en vez de atender que hubo un homicidio y que hay un culpable.

“La mujer no cometió ningún delito y es a la que se le investiga, se le señala que usaba drogas, si tenía relaciones, si tenía diferentes parejas. Es muy lamentable que las instituciones estén inmersas al discriminar, señalar y perseguir a las mujeres aun después de su muerte, y culpabilizarlas de haberla provocado”, acusa Luna Pineda.

El ocho de diciembre de 2005 la declaración ministerial del testigo Enrique Martínez Santillán, compañero escolar de Benazir, refirió que el día de los hechos la jóven, “…estaba llorando, había tronado con su novio, la vi muy triste, me dijo que ya se quería ir a su casa, pero no iban a ir por ella. Yo iba con un compañero, Ángel Antonio Cárdenas. Mi amigo se bajó en el Fovissste; seguimos juntos Benazir y yo, ella se bajó a las 6:30 frente a un centro comercial”.

Llego en 5 minutos…

“Ese día, a las 6:40 de la tarde, mi hija Benazir me habló del estacionamiento del Calimax de Mesa de Otay, y me dijo: ‘Papi, ya llegué, me dejó el camión en el centro comercial, ¿no está mi mami?’. No está, hija, salió a su curso, espérame unos 10 o 15 minutos y voy por ti, la respuesta de ella fue: ‘no, no vengas, yo llego en 5 minutos, me voy caminando’. Benazir estaba a seis cuadras de la casa, yo seguí trabajando”. El padre de Benazir, Manuel Chavolla, así recuerda la última llamada de su hija.

Añade que transcurrió como una hora y cuarto, cuando recibió una llamada telefónica del Ministerio Público.

Alrededor de las 19:20 horas del miércoles, Benazir fue arrojada por dos jóvenes de un vehículo en movimiento, el cual le causó lesiones que posteriormente la privaron de la vida.

Detrás circulaba un taxi conducido por José Dolores Suárez Estrada, de 20 años, quien no pudo evitar arrollarla, y fue quien dio aviso a las autoridades.

“Sólo vi que en el carril izquierdo se aproximaba un vehículo tipo vagoneta Nissan, Pathfinder, color guinda. Sentí que el taxi se tambaleó, me percaté que aplasté algo, sólo alcancé a ver sobre el pavimento unos cabellos rubios, por lo que me detuve de inmediato”. El taxista recibió el perdón de los padres de Sara y quedó en libertad.

A las 19:35 horas, un reporte policiaco de los agentes de seguridad pública, Joel Hermógenes Vázquez Castorena y José Ramón Maldonado Moreno, indicaba que una joven estudiante yacía sobre la avenida Centenario, frente al centro comercial Pueblo Amigo.

Su cuerpo aún permanecía con vida sobre el carril, la habían arrojado sobre el asfalto con las manos atadas con cintillas de material de plástico negro. Vestía una sudadera de color rosa, uniforme escolar de falda a cuadros rojos y calcetas blancas, señalaba el parte informativo.

Grave, Benazir fue trasladada al Hospital General y posteriormente a la Clínica 20 del IMSS. Presentaba traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, confirmaron los estudios y las intervenciones médicas durante los seis días que estuvo en coma. El jefe de urgencias, Fernando Mancillas, le diagnosticó muerte cerebral.

El 7 de diciembre de 2005 se inicio la averiguación previa 8689/05/211/AP en la Agencia del Ministerio Público Iniciadora-Conciliadora, que fue enviada para su integración a la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, en Tijuana. La adolescente murió el 13 de diciembre.

El caso

El titular de la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos (UOHD), Francisco Castro Trenti, aseguró el 7 de diciembre, cuando ocurrió en incidente, estaban muy cerca de los responsables, y que el asesino ya estaba identificado, pero que no era posible revelar sus datos. Que contaba con un avance del más del 80 por ciento de las indagatorias y que era posible que fueran capturados en las siguientes horas.

Días después, la Procuraduría de Justicia declaró no contar con un presunto responsable del asesinato, ya que tuvo que dejar en libertad por falta de pruebas al propietario de la Pathfinder, Fernando Manuel Valencia Pérez, de 22 años, quien se amparó contra cualquier detención.

Francisco Castro Trenti, a fines de diciembre, ya en sus últimos días como funcionario de la PGJE, destacó que el joven Valencia, a quien sólo se interrogó como testigo, a pesar de los diversos señalamientos, seguía como sospechoso, pero no había pruebas contundentes para determinar que era el responsable.

El desprestigio

El padre de Benazir expresó su molestia por la línea de investigación que siguió la Procuraduría. “Lo consigna la PDH en su recomendación. Ellos recibieron oficios que ubican a Benazir como promiscua y consumidora de alcohol, y así descalificarla para la investigación del homicidio, pero en la averiguación previa consta lo contrario.

El 8 de diciembre, dice, estando Benazir en coma, además de la certificación de las lesiones que presentaba, y de la toma de muestras biológicas, le practicaron el examen ginecológico. No hubo desfloración. Eso consta en el dictamen, entonces la única manera de desacreditarla era argumentar que practicaba sexo oral con sus compañeros de secundaria.

“La Procuraduría presentó a dos jóvenes como presuntos involucrados en el crimen que no tuvieron nada que ver y, en cambio, protegió al sobrino de un funcionario público. Para nosotros los sospechosos fueron Fernando Emmanuel Valencia Pérez y Soto Ocio, pues en la camioneta de Valencia estaban los cabellos de mi hija y la prueba del ADN resultó positiva”, refirió Chavolla Flores.

“Me presenté con la sub procuradora Valadez Morales y me reclamó que hubiera hecho declaraciones a la prensa; me dijo que los únicos avances que se tenían era que se había averiguado de las fiestas y reuniones de nuestras hijas con sus compañeros y amigos de la escuela”.

“Nos citó a declarar el agente del ministerio público Jesús Quiñones Márquez, a mi esposa, a mi hija Frida Elisa, de 16 años y a mí, y frente a tres agentes me reclamó que ellos no estaban encubriendo a nadie, que no anduviera declarando a los medios.

“Sin embargo, el agente Quiñónez Márquez me presionó para que dejara interrogar a mi hija menor de edad a solas, cosa que por ningún motivo acepté. Todos los interrogatorios giraron en torno al tipo de trabajo que tenemos, así como del comportamiento de Benazir, durante 11 horas, como si nosotros fuéramos los culpables”, dice el padre de la adolescente.

“El 3 de marzo el procurador Martínez Luna nos citó para informarnos de los avances en las investigaciones, en una reunión donde se citó por parte de la PGJE a quienes nos estaban apoyando: Alberto Capella Ibarra, presidente del Consejo de Seguridad Pública; Armando Atilano Peña, presidente de la Confederación de Abogados de Baja California, y Francisco Carrillo, visitador de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Ante ellos, el procurador Martínez Luna, y la sub procuradora, María Teresa Valadez, se centraron en ensuciar la memoria de mi hija, hablando de un interrogatorio que se hizo a seis jovencitos con problemas de adicción, sólo uno de ellos compañero desde la secundaria de mi hija.

“Los investigadores buscaron a los muchachos de la secundaria, no de la preparatoria. Buscaron a cinco jóvenes con problemas de adicción, y los hostigaron, de manera de que digan que mi hija había tenido sexo oral ¡con los cinco!. La respuesta de ellos fue: “Ya nos estaban chingando mucho, para que nos dejaran ir, ya no queremos broncas, de todas maneras su hija ya está muerta.”

La diputada Elvira Luna Pineda, quien solicitó la comparecencia del procurador Martínez Luna para que expusiera el avance de las investigaciones, comentó: “El caso, desde sus antecedentes, refleja el riesgo en que actualmente se mueven los adolescentes y las mujeres. Sara, es un lamentable ejemplo de todo esto”.

En tanto, la recomendación 08/2006 –que el 20 de abril del 2006 emitió el ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, Ismael Chacón Güereña, resalta el testimonio del visitador Francisco Carrillo Linares que corrobora lo dicho por Manuel Chavolla: 

En fecha dos de marzo de 2006 se realizó la certificación de que se llevaría a cabo una mesa de trabajo en la que se informó a los padres de Benazir de los avances de la investigación, por parte de la sub procuradora y el procurador, quienes informaron que encontraron otra línea de investigación, consistente en la conducta de Benazir, en la época de estudiante de secundaria, donde se vio involucrada en una fiesta juvenil donde hubo drogas, licor y actos sexuales.

El procurador Martínez Luna pidió a los padres de Benazir que decidieran que si después de haber escuchado los avances de la averiguación, todavía querían que se estableciera una agencia especializada, y los abatidos padres contestaron que no, que siguieran con el mismo personal.

Sobre esa reunión, refiere Manuel Chavolla, el procurador Martínez Luna nos empezó a hablar sobre la misma idea que querían implantar: que mi hija era una muchacha fácil.

“Nos levantaba la voz y nos decía: ‘Con lo que tenemos, somos capaces de meterlos a ustedes a la cárcel y a todas las monjas de la escuela secundaria, por haber encubierto que andaban en esas fiestas’.

La presión social

Para lograr que se girara la orden de aprehensión contra Fernando Valencia Pérez, “El Backstreet”, sobrino del consejero de la Judicatura, Adrián Humberto Murillo González, fue determinante que Sara Elena Ruiz, madre de la joven, se declarara en huelga de hambre en el Palacio de Gobierno de Tijuana.

La madre de Benazir inició su ayuno el 31 de mayo y lo finalizó el 7 de junio, al saber que el presunto homicida de su hija, quien utilizaba regularmente la camioneta Nissan Pathfinder, había sido consignado al Juzgado Tercero de lo Penal.

Sólo entonces, al cumplirse seis meses del homicidio, la Procuraduría difundió que esdtaba debidamente acreditado tanto el cuerpo del delito como la presunta responsabilidad de la persona determinada (Fernando Valencia), por la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Benazir Sara Chavolla Ruiz. 

Por primera vez mostraron la fotografía de Valencia Pérez para facilitar su captura y se solicitó a la ciudadanía denunciar de manera anónima su paradero, pues al inicio de la investigación había sido detenido y puesto en libertad por supuesta falta de pruebas.

Sara Elena señaló que en el caso de su hija las autoridades estaban protegiendo a los presuntos homicidas, pues la orden de aprehensión contra uno ellos se dio por la presión que hubo en torno al caso.

“Fue forzada porque había tantas evidencias y por la lucha de toda la gente que estaba a nuestro alrededor. Hemos recibido llamadas de quienes nos dicen que saben donde está el muchacho prófugo”, comentó

“El recurso de apelación que interpusimos contra el gobierno estatal por rechazar la recomendación de la PDH en el caso de mi hija, quedó radicada en la segunda visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyos avances desconozco, porque no he sido citado”, expresó.

Al ver que no se ha resuelto el caso, los Chavolla exigen justicia, ya que temen que el caso sea archivado. Advierten que de no obtener respuesta, llevarán su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“No queremos que el asesinato de Benazir quede impune y que el principal sospechoso, Fernando Emmanuel, sobrino de un miembro del Consejo de la Judicatura”, continué prófugo.

Publicado en: Noviembre 2006 / Año 2 / Número 19



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