SuscripcionesContactoPublicidad Directorio Hemeroteca Mapa de sitio
BAJA CALIFORNIA  
 

Cultura judicial en proceso

Lorena Rosas
Arnoldo Castilla, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ex director jurídico del Congreso, integrante de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y prestigiado catedrático universitario, habla sobre la reforma al sistema de administración de justicia. Entre otras fallas, observa que a los legisladores les faltó analizar las repercusiones de lo que aprobaron

 


Publicidad

La reforma al sistema de administración y procuración de justicia debe ser analizada junto con la ley reglamentaria que se expida, de otra manera no se pueden medir a plenitud sus efectos, señala el ex magistrado Arnoldo Castilla.

El especialista observa que toda la actividad jurisdiccional debe de estar concentrada en el poder Judicial: “Sólo así se evita dispersión de recursos y se fortalece a ese poder”, afirma.

–Se dice que para esta reforma fueron consultados los académicos y los abogados, ¿fue así?

–Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Baja California hicieron proyectos. También el Tribunal de Justicia hizo un proyecto, pero no fue sometido al foro ni a las universidades. Creo que no fue lo adecuado. Lo correcto hubiera sido que antes de someterla al pleno pidieran la opinión de los foros de abogados y de las universidades, porque junto con las reformas que se proponen hay que asegurar la garantía de la defensa que prácticamente es nugatoria. También hay que ver la creación de Tribunales de Ética en los Colegios de Abogados.

“En el ejercicio del derecho a la defensa habría mucho que explorar, así como la colegiación obligatoria para garantizar el desempeño ético, que es fundamental para abatir la corrupción. También creo que la reforma debió abarcar la profesionalización del Ministerio Público. La reforma pudo ir mucha más a fondo y no se aprovechó la oportunidad”.

El especialista en derecho advierte que “una de las cuestiones en las que no se reflexionó adecuadamente es en la prohibición a los miembros del poder Judicial para desempeñar tareas docentes. Hay una corriente que ha manifestado que se empobrece la relación entre el Poder Judicial y las universidades. Si bien es cierto, esta prohibición no es nueva porque aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se estableció este impedimento hubo voces que se alzaron en contra, tomando en consideración que el Poder Judicial se enriquecía con la academia y ésta, a su vez, con la participación de los ministros y magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios y de los jueces de distrito”.

Importante, el fonfo de pensiones: Castilla

Castilla especifica que no se trata de que éstos dediquen la mitad del tiempo a impartir cátedra y la otra mitad a impartir justicia. “Se trata de intercambiar opiniones con los estudiantes, enriquecer su formación, mantenerse actualizados en la teoría jurídica y, sobre todo, mejorar la calidad en la impartición de justicia y la docencia, porque llevaría las experiencias de los tribunales”.

Con respecto a la prohibición de litigar hasta después de dos años de separarse del cargo, Arnoldo Castilla dice que también faltó discusión. “Es una prohibición que, a mi juicio, debe de ser reflexionada. Habría que establecerse en la ley un fondo de retiro para los magistrados, jueces y miembros del Poder Judicial, de lo contrario se les condena a dejar el cargo sin tener la oportunidad de litigar durante dos años, y con ello estamos llevando a que se dé la corrupción antes de abandonar el cargo, para asegurar su futuro económico, o simulación, porque se llegaría a utilizar a prestanombres para ejercer la profesión por interpósita persona”.

Aunque en 2000, cuando concluyó su periodo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, fue el único que rechazó el bono de 150 mil pesos que el resto de sus colegas aceptaron, Arnoldo Castilla considera importante asegurar el fondo de pensión.

“La cuestión es garantizar un fondo de retiro para evitar que se den cuestiones de corrupción o simulación”. Sobre la exigencia del Consejo de la Judicatura para que se le otorgue el 3 por ciento del presupuesto total del estado, el académico recuerda que “así estaba establecido en la Constitución local en 1997, pero con el gobernador González Alcocer (hoy senador por el PAN) se derogó. Cuando yo fui magistrado nosotros propusimos la reforma”.

Cultura judicial, el reto

Arnoldo Castilla reflexiona que, con el nuevo marco normativo, “ahora quien designa a los magistrados es el propio Poder Legislativo; pero, quien hace los análisis de los aspirantes es el Consejo de la Judicatura; entonces si la elección se hace en los términos correctos, ya no hay ninguna influencia de los magistrados en la designación de otros magistrados. Por tanto, la influencia que pudieran ejercer en la designación de sus pares hoy es prácticamente nula si se lleva el procedimiento conforme a derecho. La influencia podría darse en la designación de los jueces; la vulneración de la autonomía se vería aquí”.

–¿Cuál es la oportunidad que tienen los juicios orales en este nuevo sistema?

–Todo va a depender de que se establezca la parte orgánica, o sea, cómo van a funcionar. Deben obedecer no a un mecanismo administrativo sino como un complemento. Tampoco son la panacea, no es la solución de los problemas. Deben estar acompañados de una cultura que garantice la imparcialidad de los jueces; que los juicios sean expeditos; que garantice la inmediatez, es decir, la presencia del juez en todas las actuaciones, lo que no sucede en la actualidad, esa función se delega hoy en los secretarios; que garantice la publicidad, que la sociedad tenga conciencia de qué se hace justicia; que garantice la honorabilidad en el procedimiento, no sólo para evitar corrupción económica sino la injerencia de influencias o desatenciones en el desarrollo del proceso penal, y que garantice el profesionalismo del Ministerio Público, del defensor y del mismo juez.

“Pero el riesgo es que, si no existe una cultura en la materia, puede crearse una estructura burocrática que nos lleve a lo mismo que estamos viviendo hoy. Si no hay una filosofía que rescate el sistema de administración e impartición de justicia, y que anteponga los valores que habíamos señalado, esto va a ser igual a nada. Lo que se aplica también a los juicios orales se aplica a la justicia alternativa. Si no hay la preparación y la mística no sólo para resolver los conflictos sino para evitar posteriores, de cicatrizar la herida que deja el conflicto, pues también va a ser un timbre de gloria que en la realidad no va a funcionar.”

Arnoldo Castilla puntualiza que en la actualidad no hay suficientes juzgados. “Un juez lleva más de mil causas al año, más las que se quedan de años anteriores. ¿Se imagina lo apremiante de la tarea para dictar no sólo sentencias? Es muy grave llevar más de mil procedimientos y dictar sentencia en un año; es la locura. La cifra anda actualmente entre mil 300 o mil 400 por juez”.

–¿Y cuál sería la cifra óptima?

–Eso no se puede medir en función de números, sino en función de calidad de resoluciones. El error que cometemos es tratar de medir la eficiencia de un juez desde el punto de vista matemático, cuantitativo y no cualitativo. Hay dos defensores de oficio por cada juzgado y cada uno de ellos lleva un promedio de 700 causas, más las de años anteriores, y gana 10 mil pesos mensuales. Leerlas nada más, estar informado todos los días, es imposible. No se puede saber qué acuerdos ha habido diario. Entonces, la ausencia de la garantía de defensa en el proceso penal en México es grave, porque el 80 por ciento de los procesados acuden al defensor de oficio.

En cuanto a la justicia para adolescentes, el reconocido catedrático afirma que es correcto cambiar de una justicia administrativa a una justicia jurisdiccional. “Judicializar la justicia para menores me parece un acierto, porque conlleva el resguardo de las garantías fundamentales. Con esto se da cumplimiento a tratados internacionales. Nada más que, como siempre, no contamos sólo con agencias especializadas para menores, habrá que elegir juzgados para menores y un magistrado que se encargue de las apelaciones, de los recursos interpuestos por los menores, y para esto se requiere dinero”.

Añade que “en este tema lo más importante es qué tipo de instituciones de tratamiento debemos crear y si tenemos los recursos para ello. Lo inquietante es que cuando se hizo la reforma al artículo 18 de la Constitución federal se determinó que los menores der entre 12 y 14 años no pueden ser sujetos de restricción de su libertad. Esto implica un avance de acuerdo con los tratados internacionales”.

Sobre este punto Arnoldo Castilla se muestra preocupado: “¿Qué hicieron en Brasil y en Colombia los capos de los cárteles? Utilizaron menores como sicarios, les proporcionan armas con el gatillo muy suave para que ejecuten por encargo. Entonces llegaba el caso que se acercaba un niño vendiendo el periódico o dulces y traía dentro una pistola y ejecutaba a quien le habían contratado y le pagaban hasta 50 dólares por la ejecución. ¿Qué va a pasar ahora? He estado leyendo los periódicos y los narcotraficantes están ahora utilizando menores; los polleros están utilizando menores; para robar las casas están utilizando menores que sirven muy bien, porque penetran por los ductos y las ventanas, sabedores de que son inimputables, que siempre lo han sido, pero ahora no serán sujetos a la restricción de su libertad”.

El experto en administración de justicia detalla: “No soy partidario de que se encarcele a los niños, que se les atormente con castigos, pero se necesitan medidas de tratamiento y corrección (para evitar que caigan en manos de la delincuencia organizada), y la verdad es que no tenemos recursos y lo que hacemos con los menores es encarcelarlos”.

Arnoldo Castilla señala que “ya no sabe uno que es más grave, si a un menor que contratado por una banda es ejecutor o narcotraficante o pollero restringirle su libertad o internarlo en nuestras instituciones que son escuelas de vicio. A los menores en la ley les tratamos de buscar condiciones óptimas, pero en la realidad poco hacemos para que las cosas se concreticen conforme a los ideales expresados en la legislación”.

Publicado en: Octubre 2006 / Año 2 / Número 18



Tu opinión:

Tu nombre:
E-mail

Escribe tu mensaje aquí:

Publicidad

Caricaturistas de Contralínea
De Actualidad

 

 

 

Publicidad


Humor:  

 

Avance Contralínea

En la República:  

Números atrasados
Publicidad:  




Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato
Oaxaca Sinaloa Sonora Hidalgo Michoacán NacionalTamaulipas Veracruz Zacatecas



2005 Revista Contralínea Derechos Reservados CIMCOM
Av. Juárez 88, primero piso, desp. 110 y 111. Col. Centro, México D.F.
Tels: 9149-9802 /03 /05

Sitios Recomendados:
| Oficio de Papel | Revista Fortuna | Los periodistas | Fraternidad de Reporteros de México |
Responsable del sitio: Gonzalo Monterrosa Galindo