SuscripcionesContactoPublicidad Directorio Hemeroteca Mapa de sitio
BAJA CALIFORNIA  
 

Limitan reforma judicial

Lorena Rosas
Sin garantizar la autonomía del poder judicial en el estado, los legisladores aprueban las reformas constitucionales en la materia y se reservan el derecho de fijar el presupuesto de manera discrecional, afirman especialistas

 


Publicidad

Después de años de consultas, costosos viajes al extranjero, foros y promoción política, y de los graves conflictos surgidos entre los tres poderes de Baja California, el pasado 12 de septiembre la XVIII Legislatura aprobó el dictamen de la reforma judicial, insertada en el marco de una ambiciosa reforma estructural.

Para José Julio Santibáñez, consejero de la Judicatura, “la reforma constitucional adolece de un punto fundamental que no garantiza lo que los legisladores pretendieron: si ellos buscaron como prioridad darle autonomía al poder Judicial, en cumplimiento a la teoría de la división de poderes, esto no tiene un sustento básico en la reforma, dado que en materia presupuestal los legisladores dejaron sobre su decisión soberana y discrecional el monto del presupuesto que al efecto presentará el Consejo de la Judicatura”.

Añade que esto trae como consecuencia que el poder Judicial de Baja California quedará sin la garantía de autonomía que, para ellos, representaría un mínimo del 3 por ciento del presupuesto total del gobierno. “Si no hay la estructura presupuestal necesaria, en la práctica no se va a provocar el efecto que buscan los legisladores”.

Derivada de esta reforma, ahora el poder Judicial de Baja California enfrenta una grave contradicción: infraestructura, capacitación a los magistrados, jueces y demás personal, así como el establecimiento de los órganos que harán operativas dichas reformas.

Para el ejercicio fiscal 2006 el presupuesto autorizado por el Congreso local ascendió a 398 millones de pesos, cifra que representa apenas el 1.88 por ciento del presupuesto total del estado.

En 1997, cuando gobernaba Héctor Terán, el Legislativo aprobó una reforma que establecía un techo del 3 por ciento del presupuesto total del estado para garantizar la eficacia en la administración de justicia. Un año después la partida aprobada alcanzó el 2.5 por ciento. Sin embargo, en 1998 los diputados locales abrogaron la disposición.

El consejero Santibáñez explica que antes era el gobernador quien hacía los recortes discrecionales al presupuesto; pero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente resolvió una controversia constitucional sobre las facultades del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con el fallo el gobernador no tiene facultades legales para observar u opinar sobre la viabilidad financiera del presupuesto del poder Judicial de la entidad. El consejero detalla que “que esto era ilegal, que no tenía ninguna base ni fundamento, y prohíbe categóricamente al Ejecutivo hacer ese tipo de observaciones y recortes al presupuesto entregado por el Consejo de la Judicatura. Esta decisión se plasma ahora como una ley en la Constitución del estado y el Ejecutivo estará impedido de hacer cualquier tipo de modificación u observación al presupuesto. Es un mero conducto y el Legislativo soberanamente decidirá simplemente si lo aprueba o no”. De esta manera, asegura Santibáñez, se elimina el control político que el Ejecutivo ejercía sobre el Poder Judicial.

Ahora estas reformas tienen que ser aprobadas por los cinco municipios, o al menos por tres de ellos. Según lo establecido por los legisladores, estas disposiciones entrarán en vigor en abril de 2007.

Desacatan resolución

Sobre el presupuesto y la resolución de la Corte, el consejero José Julio Santibáñez dice que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deberán cumplir en sus términos ese fallo judicial. Sin embargo, dice, tenemos un mal precedente: “En 2005 el poder Judicial ganó una controversia constitucional en materia presupuestal y es hora que no se ha ejecutado. Eso nos deja como una entidad federativa que incumple las decisiones de la Corte.

El jurista señala que a pesar de que hablamos del respeto a las instituciones, y que el gobernador manifiesta públicamente su respeto por la ley, “en los hechos no hemos visto que esto se lleve a cabo, al menos en lo que hace en la controversia de 2005. Esperamos que la de 2006 sí se cumpla en sus términos. Del presupuesto original solicitado por el Consejo de la Judicatura de 650 millones de pesos, ellos nos autorizaron nada más 397, respecto a la diferencia (253 millones) esperamos que (los legisladores) funden la razón por la cual la conceden o la niegan. Eso es lo que la Corte les está ordenando, que resuelvan sobre ese recorte presupuestal”.

Añade que, en caso de desacato, el poder Judicial deberá denunciar el incumplimiento de la sentencia de la Corte mediante un incidente que pueda “llevar a la separación del cargo a los funcionarios que incumplan con la sentencia, que en este caso sería el Congreso.

“Ya hay un incidente de incumplimiento con respecto a la controversia de 2005; esperemos que con la decisión del 2006 los legisladores reflexionen, cumplan en sus términos con ésta y, si quieren la autonomía del poder Judicial, que empecemos por la autonomía presupuestal. No es que se vea el presupuesto como un asunto material, pero si nosotros no tenemos la garantía de un mínimo presupuestal no podemos tener la garantía de un crecimiento ordenado.”

Habría que tener en consideración que entidades como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia ejercen conjuntamente en este año un presupuesto superior a los 2 mil millones de pesos, “mucho más allá del 3 por ciento del presupuesto de Baja California, que el poder Judicial conservadoramente está pidiendo”, afirma Santibáñez.

Contenido de las reformas

La reforma al sistema de administración e impartición de justicia introduce los juicios orales, como instrumentos que facilitarán el acceso a la justicia; la justicia alternativa o de medios de resolución alternativa de conflictos; establece la obligación del poder Judicial de contar con un plan de desarrollo de seis años, y que la resolución del Congreso sobre el nombramiento, remoción y ratificación o no de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, así como de la designación y remoción de consejeros de la Judicatura es soberana, definitiva e inatacable.

Además de modificar los requisitos para el nombramiento de los magistrados, el nuevo marco normativo precisa que éstos, al igual que los consejeros y jueces, no serán considerados trabajadores para efectos de la Ley en la materia; también define las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Congreso estatal.

En materia de transparencia se prevé un sistema de evaluación permanente de magistrados y jueces; se establece como atribución del pleno del Tribunal Superior de Justicia contar con mecanismos de rendición de cuentas; se fortalecen las atribuciones de administración, carrera judicial, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura y se reduce su integración a partir del próximo Consejo (cinco consejeros en 2010 y tres consejeros ciudadanos designados por el Congreso y los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Electoral del Estado).

Además se establecen mecanismos para “despartidizar” los nombramientos de magistrados, consejeros y jueces; en el caso de los magistrados, se regula el procedimiento de ratificación y se establecen causales de separación del cargo.

La reforma también busca fortalecer la autonomía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al identificarlo como órgano constitucional autónomo.

Juicios orales, reforma a medias

La reforma judicial “está incompleta” en materia de juicios orales, considera el consejero José Julio Santibáñez: a diferencia de otras entidades como el Estado de México, la nueva normatividad sólo obliga al poder Judicial.

“La oralidad en los juicios penales no empieza en un juzgado, empieza en la Procuraduría de Justicia. Cualquier ciudadano sabe que si es víctima de un delito tiene que ir a denunciarlo ante el Ministerio Público, donde inicia el procedimiento y un vía crucis tortuoso, donde no se obtiene una respuesta eficaz y una atención esmerada, digna y segura que está demandando ante un hecho sufrido en su agravio.”

 

Agrega que “si esta oralidad no se plantea desde la averiguación previa, para darle eficiencia a esta etapa del procedimiento penal, vamos a obtener escasos resultados en una etapa tan sensible, cuando el ciudadano acaba de recibir el impacto de una agresión. Ante la impunidad que genera el no atenderlo correcta y eficazmente puede desilusionarlo e inhibir su denuncia”.

El consejero señala que la falta de confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público promueve el crecimiento en los índices de impunidad.

Sobre este tema la diputada local Elvira Luna, señala que la reforma no está acabada, y que aún es tiempo de hacer modificaciones.

 

 

 

 

 

Justicia para adolescentes

Al aprobar la Ley de Justicia para Adolescentes, el Congreso busca crear un sistema integral de justicia para menores de edad. Los diputados Elvira Luna Pineda y Gilberto González Solís dicen que esta iniciativa se deriva la necesidad imperiosa de establecer un modelo de responsabilidad para menores, que sustituya los inoperantes esquemas tutelares y que se traduzca en un modelo de justicia plenamente garantista, sin pasar por alto las condiciones especiales del menor.

Para su adecuada instrumentación, coinciden, el nuevo sistema de justicia requerirá de la existencia de tribunales especializados en la impartición de justicia para adolescentes, los cuales deberán ser independientes de las autoridades que efectúen la remisión del menor.

De esta manera, afirman, el esquema orgánico quedará conformado por agentes del Ministerio Público, adscritos a la Procuraduría General de Justicia estatal, especializados en la atención a adolescentes.

Además, la especialización se deberá extender a los jueces de primera instancia y a los magistrados, quienes estén adscritos al poder Judicial, e incluso al defensor de oficio, dependiente de la Defensoría de Oficio de Baja California.

Los legisladores añaden que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, debe contar con centros de diagnóstico para adolescentes y centros de ejecución de medidas para adolescentes.

Velar por derechos humanos

Para el ombudsman local, Francisco Javier Sánchez Corona, la legislación de justicia para adolescentes recién aprobada es acorde con los principios internacionales y nacionales orientados a buscar una reintegración social de los jóvenes, donde la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso.

Según el procurador estatal de los derechos humanos, la ley y las reformas para adolescentes cumplen fielmente con los instrumentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, en especial los que se refieren a la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes (Declaración de los Derechos del Niño, de 1959; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Adolescentes, firmadas en Beijing en 1985; Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989; Reglas para la Protección de los Adolescentes Privados de la Libertad, de 1990, y Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, de 1990).

El paquete legislativo aprobado “integra los principios procesales de audiencia, legalidad y defensa; asimismo, garantiza que el adolescente tenga derecho a la impugnación de los actos o resoluciones de las autoridades”. Con ello, sostiene Sánchez Corona, “se inhiben tratamientos jurisdiccionales que evitan que los adolescentes queden expuestos a sufrir torturas y malos tratos, previendo que la medida de internación sea adoptada sólo como último recurso, y en cuyo caso se materializa la aplicación de conductas tipificadas como delitos por las leyes estatales, evitando la impunidad bajo el claro respeto de garantía”.

Recomendaciones de la ONU

En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México elaboró, con el apoyo de cuatro experto mexicanos (Sergio Aguayo, Clara Jusidman, Miguel Sarré e Isidro Cisneros), organizaciones de la sociedad civil, académicos, defensores y activistas, el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México.

Entregado en diciembre de ese mismo año al presidente Vicente, el estudio advierte que la categoría de menor sujeto de tutela pública que se maneja actualmente en el sistema mexicano de justicia para menores es discriminatoria: hace una distinción sustancial entre niños, niñas y adolescentes, por una parte, y niñas y niños infractores, por la otra, y considera que éstos se hallan en situación irregular por haber infringido la ley penal de adultos, o por haber incurrido en conductas parasociales. Esto da origen a la concepción del menor infractor abandonado, con lo que se pretende justificar la intervención punitiva estatal bajo el eufemismo de tutela pública.

En México existen 54 centros de internamiento para menores, algunos de ellos para menores considerados de atención especial por su supuesta “alta agresividad” (en el caso de Mexicali, la Granja para Menores), cuyos parámetros de tratamiento se basan en el grado de control que las autoridades puedan ejercer sobre ellos.

Los menores que presentan cuadros de agresividad y destructividad pueden ser controlados incluso con psicotrópicos, o con castigos físicos y aislamientos durante días. Todo ello da lugar a graves violaciones a sus derechos humanos.

 

 

 

Publicado en: Octubre 2006 / Año 2 / Número 18



Tu opinión:

Tu nombre:
E-mail

Escribe tu mensaje aquí:

Publicidad

Caricaturistas de Contralínea
De Actualidad

 

 

 

Publicidad


Humor:  

 

Avance Contralínea

En la República:  

Números atrasados
Publicidad:  




Baja California Chiapas Chihuahua Coahuila Estado de México Guanajuato
Oaxaca Sinaloa Sonora Hidalgo Michoacán NacionalTamaulipas Veracruz Zacatecas



2005 Revista Contralínea Derechos Reservados CIMCOM
Av. Juárez 88, primero piso, desp. 110 y 111. Col. Centro, México D.F.
Tels: 9149-9802 /03 /05

Sitios Recomendados:
| Oficio de Papel | Revista Fortuna | Los periodistas | Fraternidad de Reporteros de México |
Responsable del sitio: Gonzalo Monterrosa Galindo